El presidente del gremio, José Luis Heisecke, confirmó a RCC Radio este miércoles que el martes 9 de la próxima se realizará una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, para analizar alternativas al esquema planteado por el Ejecutivo.
Según explicó, la propuesta de factoraje consiste en que las empresas constructoras cedan sus certificados de obra a entidades financieras para obtener el cobro anticipado de las deudas estatales. Sin embargo, el costo financiero de la operación recaería sobre las propias empresas, que terminarían recibiendo entre un 20% y un 24% menos del monto originalmente adeudado. «Si una empresa tiene un certificado por valor de 100, terminaría cobrando apenas entre 76 y 78 después de descontar los intereses financieros de tres años», señaló Heisecke.
CAPACO sostiene que el mecanismo rompe el equilibrio contractual, ya que además de asumir el costo financiero, las empresas dejarían de percibir los intereses por mora establecidos en los contratos cuando el Estado incumple sus pagos.
El dirigente afirmó que el gremio quedó sorprendido por los términos finales de la resolución, ya que durante las conversaciones mantenidas en los últimos dos meses se había manejado la posibilidad de que el propio Estado absorbiera los costos derivados del nuevo esquema. «Siempre entendimos que el Gobierno asumiría esos costos financieros, pero finalmente la resolución establece que recaigan sobre las empresas privadas», cuestionó.
Heisecke aseguró que el sector no se opone a buscar soluciones para afrontar la falta de liquidez estatal, pero considera que no corresponde trasladar íntegramente a las constructoras el peso financiero de una deuda generada por el propio Estado.
Actualmente, la deuda acumulada con las empresas del sector rondaría los USD 200 millones en capital, a los que se sumarían aproximadamente USD 120 millones en intereses, alcanzando un total cercano a los USD 320 millones.
El titular de CAPACO advirtió que las constructoras vienen absorbiendo costos financieros desde hace varios años debido a los atrasos en los pagos, una situación que, a su criterio, podría comprometer la sostenibilidad de las empresas y afectar la continuidad de las obras públicas.
Como alternativa, recordó que existen otros instrumentos financieros que podrían ser utilizados por el Gobierno, como la emisión de bonos, mecanismo aplicado durante la crisis financiera de 2003 para cancelar obligaciones pendientes con contratistas.
Pese a las diferencias, Heisecke destacó que existe una buena relación de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y expresó su expectativa de que la reunión de la próxima semana permita avanzar hacia una solución más equilibrada para ambas partes.