Soroka reveló que en los últimos días han ingresado propuestas, tanto verbales como escritas, que sugieren incrementar el impuesto al sector agropecuario para sostener el sistema jubilatorio público. Sin embargo, el senador fue tajante al describir la vulnerabilidad del sector productivo: “El campo atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos 20 años”, afirmó.
Detalló que rubros estratégicos como el arroz han sufrido una caída estrepitosa en sus precios, llegando a valer apenas el 40% de lo que cotizaban el año anterior. “Tenemos silos llenos de mercadería ‘warranteada’ (título de crédito que representa mercancías para obtener financiación) que el productor no puede liberar porque el precio de venta ni siquiera alcanza para cubrir la deuda con el banco. Al sector productivo se le aplaude cuando aporta, pero hoy, que necesita una mano amiga, se le da la espalda», lamentó.
LA HOJA DE RUTA Y LOS «INNEGOCIABLES»
El presidente de la Comisión Permanente explicó que ya existe un itinerario de trabajo que incluye al Ministerio de Economía y a los diversos gremios afectados. Actualmente, se realiza un estudio comparativo entre la ley vigente, la propuesta del Ejecutivo y las contrapropuestas de los sectores civiles.
Pese a la complejidad técnica, el legislador subrayó dos pilares que considera sagrados en la negociación. El resguardo de los derechos adquiridos: “El salario y la jubilación de quien ya aportó toda su vida no se pueden manosear”, sentenció, asegurando que los jubilados no deben ser el fusible del ajuste.
La inviabilidad del sistema actual: Advirtió que, de no reformarse, la Caja Fiscal se volverá una carga imposible de soportar para el Presupuesto General de la Nación (PGN), afectando directamente la compra de medicamentos y el pago de salarios públicos a futuro.
FRENO A LAS MEDIDAS DE FUERZA
Ante la amenaza de gremios docentes de no iniciar las clases el próximo 23 de febrero si no se llega a un acuerdo, Soroka llamó a la prudencia. Aseguró que el mes de febrero será clave para el intercambio de opiniones y que, aunque el proyecto ya fue remitido a la Cámara de Diputados para su estudio, la Comisión Permanente se mantiene abierta a convocar a sesiones extraordinarias si el diálogo así lo requiere.
«Ninguna caja puede quedar aislada, todas se deben arreglar. Pero no podemos pretender que el sector privado cargue con un problema que es exclusivo de la administración pública», concluyó.
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