Varios países estaban en contra de la entrada en vigencia de la normativa, porque perjudica a los productores del campo y atenta contra la economía.
La reglamentación se implementará el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas de acuerdo a la resolución de la UE. Las MIPYMES tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para poder cumplir con las «exigencias» del polémico reglamento.
La prórroga fue bien recibida por los representantes del sector productivo a nivel global, por las imposiciones que incluían. Los legisladores argumentan que este tiempo adicional es crucial para garantizar una implementación más eficiente y justa.
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