El factoring (o factoraje) es una solución financiera mediante la cual una empresa vende sus cuentas por cobrar (facturas o pagarés) a una entidad financiera o banco. Esto permite obtener liquidez inmediata en lugar de esperar los plazos habituales de 30 a 90 días, mejorando así el flujo de caja.
Desde el gremio sostienen que el mecanismo presentado por el Gobierno no constituye una solución real al problema de fondo, sino que traslada a las empresas el costo financiero de una deuda generada por el propio Estado.
CAPACO argumenta que las compañías que ya ejecutaron y entregaron las obras deberían asumir descuentos financieros para poder cobrar los montos adeudados, pese a haber cumplido íntegramente con sus obligaciones contractuales.
Además, cuestiona que la propuesta exija a las empresas renunciar a los intereses por mora previstos tanto en los contratos como en la legislación vigente, condición que consideran injusta y perjudicial para el sector.
El gremio también advierte que la medida carece de equidad, ya que mientras el Estado difiere sus pagos por períodos que pueden extenderse hasta tres años, las constructoras deben absorber de manera inmediata el impacto económico y financiero de esa demora.
CONSOLIDA UNA «CARGA DESIGUAL»
Según CAPACO, la iniciativa consolida una carga desigual para las empresas que financiaron con recursos propios la ejecución de obras públicas, obligándolas ahora a asumir también el costo de la alternativa planteada por el Gobierno para regularizar los pagos pendientes.
La cámara considera que aceptar este esquema sentaría un precedente negativo para futuras contrataciones públicas y afectaría la sostenibilidad financiera de numerosas empresas del sector.
Si bien reconoce la urgencia de regularizar la deuda acumulada, CAPACO insiste en que no resulta razonable presentar como una solución de cumplimiento un mecanismo que, a su criterio, termina castigando a quienes ya cumplieron con el Estado.
Finalmente, el gremio reafirmó su disposición al diálogo con las autoridades para encontrar alternativas que permitan honrar los compromisos pendientes mediante esquemas más justos, equilibrados y sostenibles para todas las partes involucradas.
No obstante, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró un plan de pagos para saldar una deuda con el sector vial y constructor que superaba los USD 370 millones. De acuerdo con los datos oficiales, en abril y mayo, el Gobierno desembolsó USD 150 millones, logrando cancelar el 85% de los compromisos correspondientes al 2025.
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