El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, confirmó que ambas iniciativas serán remitidas próximamente al Congreso. Una apunta a eliminar la exoneración tributaria para los vehículos eléctricos y la otra a establecer mayores controles sobre las denominadas reservas facultativas de las grandes empresas.
El primer caso implica retirar un beneficio que hasta ahora alcanza de manera total a los vehículos eléctricos. El argumento del Gobierno es que el mercado ya alcanzó un nivel de desarrollo que permitiría revisar ese incentivo. La medida, por tanto, no constituye una suba general de tasas, pero sí significaría un cambio concreto en la carga tributaria de quienes importen o comercialicen estos vehículos.
El segundo proyecto tiene un alcance potencialmente mayor. La DNIT busca limitar el uso indefinido de las reservas facultativas, mecanismo mediante el cual las empresas mantienen utilidades sin distribuirlas. El objetivo declarado es evitar que esta práctica sea utilizada para postergar el pago del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU). La propia DNIT ya estableció mayores exigencias de información sobre estas reservas en los estados financieros.
Aquí aparece el punto central de la discusión: el Gobierno afirma que no está aumentando impuestos, pero sí está buscando ampliar la base efectiva sobre la cual recauda. Es decir, la presión no necesariamente se expresa en una tasa mayor, sino en la reducción de exoneraciones y en el cierre de mecanismos que permiten diferir tributos.
La estrategia responde también a una necesidad fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas y la DNIT vienen revisando el denominado gasto tributario —los recursos que el Estado deja de percibir por exoneraciones, deducciones y regímenes especiales—, cuyo potencial ha sido estimado en alrededor de USD 1.000 millones.
En el caso de las reservas empresariales, Orué ya había señalado que la medida podría generar ingresos adicionales importantes. La discusión, sin embargo, deberá determinar hasta dónde llega el control estatal sin afectar el legítimo derecho de las empresas a definir el destino de sus utilidades y sus estrategias financieras. De hecho, representantes empresariales han planteado la necesidad de controles, pero también de preservar la posibilidad de constituir reservas.
Así, el debate que llegará al Congreso no será simplemente sobre “subir o no subir impuestos”. La cuestión de fondo será determinar qué beneficios fiscales siguen teniendo sentido, quiénes los reciben y cuánto está dispuesto el Estado a dejar de recaudar para mantenerlos.
Los proyectos todavía están en elaboración y su alcance definitivo se conocerá cuando sean presentados oficialmente al Legislativo. Será entonces cuando podrá evaluarse con mayor precisión cuánto recaudarán, sobre quién recaerá el impacto y qué efectos podrían tener sobre la inversión, el consumo y la actividad empresarial.
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