“Antes de tocar el 1%, revisen el 100% del despilfarro”, sostiene Ruoti, al advertir que no puede plantearse un nuevo sacrificio para ciudadanos y empresas mientras el Gobierno no demuestre austeridad, transparencia y un sistema de control que alcance a todos por igual.
La especialista cuestiona que, ante la necesidad de mayores ingresos fiscales, la primera alternativa vuelva a ser revisar cuánto pueden aportar quienes ya cumplen con sus obligaciones.
En ese sentido, plantea una serie de preguntas que considera centrales para el debate: ¿dónde está el control del gasto público?, ¿qué ocurrió con la reducción de la burocracia?, ¿qué privilegios fueron eliminados?, ¿qué estructuras innecesarias fueron cerradas y cuánto se está gastando en cargos, consultorías, viajes, combustibles y dependencias que podrían estar duplicadas?
El reclamo también alcanza a la administración tributaria. Ruoti sostiene que antes de pedir más a los contribuyentes formales debe existir un control efectivo de la evasión y el contrabando, además de una fiscalización que alcance a todos por igual y una mayor rendición de cuentas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
LA PROMESA QUE VUELVE AL CENTRO DEL DEBATE
El planteamiento de Ruoti coloca nuevamente bajo la lupa una de las promesas centrales del Gobierno de Santiago Peña: no aumentar los impuestos y mejorar la calidad del gasto público.
El Ejecutivo sostiene que la discusión actual no implica necesariamente una suba de las tasas impositivas, sino la revisión de exoneraciones, incentivos y determinados regímenes especiales. Entre estos aparece la maquila, cuyo tratamiento tributario también fue puesto bajo análisis por el titular de la DNIT, Óscar Orué.
Para Ruoti, sin embargo, la diferencia entre aumentar directamente un impuesto y reducir beneficios que forman parte del actual esquema tributario no debería ocultar la discusión de fondo: cuál será finalmente el impacto sobre quienes producen, invierten, trabajan y cumplen con el fisco.
La especialista advierte además sobre el riesgo de afectar la seguridad jurídica y generar incertidumbre para las inversiones y el empleo. En particular, reclama que cualquier modificación preserve los regímenes que demostraron capacidad para atraer capital y generar puestos de trabajo.
«CUMPLA SU PALABRA»
El mensaje de Ruoti Cosp apunta directamente al presidente Peña: “Cumpla su palabra”.
Y al director de la DNIT, Óscar Orué, le reclama que controle “a todos por igual” antes de pedir mayores esfuerzos a quienes ya están dentro del sistema formal. Su crítica se resume en una frase que busca instalar como eje de la discusión tributaria: “El contribuyente no es el cajero automático de un Estado ineficiente”.
Más allá de las posiciones sobre cómo debe financiarse el Estado, el planteamiento abre una discusión que trasciende la eventual modificación de una tasa, una exoneración o un régimen especial: si el Gobierno pretende recaudar más, también deberá explicar con claridad cuánto está haciendo para gastar mejor.
El debate tributario, por tanto, ya no pasa solamente por cuánto dinero puede ingresar a las arcas públicas, sino también por cuánto despilfarro, burocracia e ineficiencia puede ser eliminado antes de pedir un nuevo esfuerzo a los contribuyentes.
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