El anuncio fue realizado durante un conversatorio con integrantes de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y representantes del sector importador, donde explicó que este esquema permitirá al Estado cancelar las deudas acumuladas con proveedores de medicamentos y empresas vinculadas a obras públicas, además de sostener las inversiones prioritarias y responder a la creciente demanda de servicios de salud.
Según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el nuevo plan responde a la necesidad de sincerar la situación de las finanzas públicas y evitar que continúe la acumulación de obligaciones pendientes con el sector privado.
Lovera indicó que la propuesta también contempla el impacto de una menor recaudación tributaria, producto de un tipo de cambio del dólar inferior al previsto en el Presupuesto General de la Nación 2026.
Asimismo, señaló que uno de los principales objetivos es impedir la generación de nuevas deudas mediante un mayor control y seguimiento de los contratos públicos, fortaleciendo la trazabilidad de las obligaciones del Estado a través del Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS).
MANTENER LA ESTABILIDAD ECONÓMICA
Durante su exposición, el ministro recordó que Paraguay alcanzó el grado de inversión otorgado por Moody’s en 2024 y por Standard & Poor’s en 2025, logro que atribuyó al fortalecimiento institucional iniciado hace más de dos décadas.
Afirmó que el siguiente desafío consiste en transformar esa estabilidad macroeconómica en un crecimiento económico sostenido, promoviendo un clima favorable para la inversión privada, la generación de empleos y la capacitación laboral.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debe continuar creando las condiciones para que el sector privado siga impulsando el desarrollo del país.
Los representantes empresariales valoraron la apertura al diálogo y respaldaron la decisión del Gobierno de presentar un nuevo Plan de Convergencia Fiscal orientado a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y atender los compromisos pendientes con los proveedores del Estado.













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