Según detalló, actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene una deuda acumulada de aproximadamente 360 millones de dólares con las constructoras. A esto se suma un presupuesto de 570 millones de dólares en obras previstas para el 2026, lo que eleva las necesidades del sector a cerca de 1.100 millones de dólares.
Sin embargo, el monto disponible en cartera rondaría los 800 millones de dólares, generando una brecha de unos 600 millones. Incluso aplicando mecanismos paliativos como el factoring —que permitiría adelantar pagos mediante el sistema financiero con tasas absorbidas por el Estado—, el déficit seguiría siendo considerable.
Moreno explicó que este mecanismo apenas cubriría unos 150 millones de dólares, dejando una deuda proyectada de entre 450 y 600 millones hacia finales de año si se ejecutan todas las obras previstas. “Es una solución parche, no de fondo”, advirtió.
El dirigente destacó que, si bien existe una mesa de trabajo con autoridades y cierto nivel de apertura al diálogo, la magnitud del problema exige medidas estructurales. “El sector necesita una respuesta integral que garantice previsibilidad financiera”, sostuvo.
Además, alertó sobre la contradicción entre la creciente demanda de infraestructura y la falta de recursos para sostenerla. Según estimaciones del sector, Paraguay requeriría una inversión de al menos 30.000 millones de dólares para equipararse con países de la región, lo que implicaría destinar entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales. Actualmente, la inversión ronda apenas los 500 millones por parte del MOPC.
Moreno también señaló que esta situación no tiene precedentes en sus casi cuatro décadas de trayectoria empresarial, aunque reconoció que parte del problema se origina en el impacto económico de la pandemia de COVID-19, que dejó secuelas fiscales importantes.
Finalmente, cuestionó que el ajuste fiscal recaiga desproporcionadamente sobre el sector de la construcción, que representa cerca del 2% del PIB. “El esfuerzo debe ser compartido por todo el Estado y la sociedad. No puede recaer solo en quienes invierten en infraestructura”, concluyó.
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