Aunque para confirmar plenamente esta información haría falta un estudio actuarial independiente, el primer mandatario fue más allá y aseguró que, si la institución tuviera que dar cobertura absoluta a todas sus prestaciones, «el déficit es inclusive de más de 20 millones de dólares».
Peña explicó que el actual modelo se enfrenta a una compleja ecuación económica donde los aportes obrero-patronales deben dividirse para financiar dos frentes masivos: el sistema de jubilaciones y el fondo de salud.
En este sentido (salud), comparó la crisis actual de la previsional con el debate estructural que el Gobierno ya mantuvo previamente sobre la sostenibilidad de la Caja Fiscal. «La jubilación no es un cálculo antojadizo, es un cálculo matemático. Si yo aporto 10, no puedo recibir 20, porque alguien más lo está pagando, y en este caso lo paga el Estado con sus impuestos», puntualizó.
ANTECEDENTES Y REFORMAS PREVIAS
Para mitigar esta histórica brecha, el Poder Ejecutivo había impulsado a finales de 2024 la promulgación de la Ley 7.446/2024. Esta normativa introdujo reformas estructurales claves para la sostenibilidad del IPS, entre las que destaca el redireccionamiento progresivo de un 2,5% del aporte obrero-patronal que anteriormente se transfería a instituciones externas como el SNPP, SINAFOCAL y el Ministerio de Salud (SENEPA), destinándolo de manera íntegra y directa a reforzar el golpeado Fondo de Salud.
Asimismo, dicha ley modificó el promedio del cálculo jubilatorio, ampliándolo de los últimos 3 a los últimos 10 años de aportes. Pese al importante flujo de recursos que genera esta reforma, el jefe de Estado reconoció que las medidas implementadas hasta ahora son insuficientes ante la magnitud de la demanda sanitaria.
EL PLAN DE ACCIÓN: MENOS EVASIÓN Y MAYOR EFICIENCIA
Como estrategia para cerrar la brecha financiera, sin recurrir a un aumento inmediato de los impuestos, Peña señaló que el Ejecutivo ha solicitado un estricto ordenamiento al titular de la previsional. Las líneas de acción se concentrarán en dos frentes específicos:
Aumento de ingresos mediante el combate a la evasión: El mandatario apuntó que aún existe un margen «muy importante» de informalidad y evasión en las prestaciones sociales por parte de sectores empleadores.
Optimización del gasto y eficiencia en compras: Se auditarán los egresos institucionales para recortar gastos innecesarios, asegurando que las licitaciones adquieran insumos críticos bajo estrictos criterios de precios competitivos.
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