Del monto total, USD 748 millones corresponden a las Fuerzas Públicas (Fuerzas Armadas y Policía Nacional), déficit que fue cubierto directamente con recursos del Tesoro Nacional. En tanto, el Magisterio Nacional generó un déficit de USD 414 millones, financiado hasta ahora con los excedentes del Programa Contributivo Civil.
El documento oficial advierte que esta situación es insostenible en el tiempo. Las proyecciones actuariales indican que, si no se aplican reformas profundas, los excedentes del sistema civil se agotarán alrededor del año 2028, lo que obligará a cubrir la totalidad del déficit con impuestos, desplazando recursos que hoy podrían destinarse a salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana.
JUBILACIONES TEMPRANAS, UNA DE LAS CAUSAS CLAVES
Una de las principales causas del acelerado déficit es la heterogeneidad normativa entre los distintos sectores, especialmente en lo referido a la edad mínima para jubilarse. Mientras sectores como el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no exigen una edad mínima, otros, como la Administración Pública, establecen el requisito de 62 años para acceder a la jubilación ordinaria.
Esta diferencia genera un fuerte incentivo a las jubilaciones tempranas, lo que extiende durante décadas el pago de haberes y aumenta la presión sobre un sistema previsional de carácter solidario.
EDAD MÍNIMA Y NHUEVO ESQUEMA DE APORTES
Ante este escenario, el proyecto de ley propone establecer una edad mínima de retiro para el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de alinear el acceso a la jubilación con la sostenibilidad financiera del sistema, reducir los retiros anticipados y fomentar una mayor permanencia de los aportantes activos.
Como medida complementaria, la iniciativa fija una tasa de aporte total del 22%, distribuida en 19% a cargo del trabajador y 3% a cargo del Estado como empleador. Si bien el Estado no realizaba hasta ahora un aporte patronal explícito, el documento aclara que históricamente ha asumido obligaciones implícitas significativas, como la cobertura del déficit del Programa No Civil y el pago del décimo tercer haber, lo que equivale a cerca del 9% de la masa salarial imponible de la Caja Fiscal.
La formalización del aporte patronal busca transparentar y ordenar la responsabilidad estatal, fortaleciendo el financiamiento del sistema y equilibrando una carga que hasta ahora recaía casi exclusivamente sobre los afiliados.
Además, el Estado continuará cubriendo el déficit de las Fuerzas Públicas, aunque en una proporción menor, gracias a los ajustes propuestos. El esquema apunta a una corresponsabilidad más justa, que permita garantizar el pago de las jubilaciones presentes y futuras sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
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