El ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), fue contundente al describir este jueves a RCC Radio el escenario: “no se ve una actitud de integración ni de cooperación, sino más bien un espíritu obstruccionista”. Sus declaraciones se producen tras la aplicación de salvaguardas europeas al aceite de soja y restricciones crecientes a los biocombustibles, medidas que —según sostiene— contradicen los compromisos asumidos en el acuerdo.
UN ACUERDO EN RIESGO DE VOLVERSE “LETRA MUERTA”
Desde la perspectiva del sector productivo, el problema no radica únicamente en los aranceles —que en muchos casos tienden a cero—, sino en una “telaraña regulatoria” que se ha construido por fuera del tratado. Este entramado incluye normativas ambientales y de trazabilidad que, en la práctica, dificultan o incluso imposibilitan el acceso real al mercado europeo.
Uno de los puntos más cuestionados es el reglamento europeo contra la deforestación (EUDR, conocido como Reglamento 1115), que exige condiciones estrictas de trazabilidad y certificación ambiental. Según Cristaldo, estas exigencias son “de cumplimiento casi imposible”, especialmente para productos como la soja, que se comercializan a granel y no permiten una segregación física total.
A esto se suman nuevas disposiciones relacionadas con el cambio indirecto en el uso del suelo, que afectan directamente al aceite de soja. Bajo estos criterios, este producto podría dejar de ser considerado un biocombustible sostenible, lo que elimina de facto una de las principales ventajas competitivas del Paraguay en ese mercado.
“Te reducen aranceles, por un lado, pero por otro imponen reglas que hacen inviable la operación comercial. Es como mover el arco cada vez que estás por hacer un gol”, graficó el titular de la UGP.
SOBERANÍA REGULATORIA EN DEBATE
Otro aspecto crítico es el impacto sobre la soberanía normativa de los países del Mercosur. Las regulaciones europeas incorporan sistemas de geolocalización y certificación que, en la práctica, permiten que organismos en Bruselas determinen si una parcela productiva en Paraguay cumple o no con los estándares exigidos, incluso por encima de las leyes nacionales.
Para los gremios, esto implica una transferencia de facto de poder regulatorio hacia instancias externas, lo que genera tensiones no solo comerciales, sino también políticas y jurídicas.
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL: LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
Sin embargo, el impacto más severo podría recaer sobre los pequeños productores. Según datos del sector, alrededor del 23% del área de siembra de soja en Paraguay está en manos de agricultores con menos de 90 hectáreas. Este segmento, clave en la economía rural, enfrenta serias dificultades para cumplir con los requisitos técnicos y burocráticos exigidos por Europa.
“El pequeño productor ya está quedando fuera del mercado”, advirtió Cristaldo. Los costos de implementación de sistemas de trazabilidad, certificación ambiental y cumplimiento normativo resultan prohibitivos para este sector, que en las últimas dos décadas había logrado integrarse progresivamente a cadenas de valor más dinámicas.
La preocupación no es menor: el retroceso en ese proceso podría traducirse en un aumento de la pobreza rural y en una mayor exclusión económica, revirtiendo avances sociales alcanzados en los últimos años.
UN SOCIO DIFÍCIL Y REGLAS CAMBIANTES
Más allá de las medidas puntuales, el cuestionamiento de fondo apunta a la previsibilidad del vínculo comercial. Para los productores, la constante introducción de nuevas exigencias genera un entorno de alta incertidumbre, que eleva el riesgo y desalienta inversiones.
Incluso, desde la UGP recuerdan que ya en 2023 se había intentado acercar a representantes europeos a la realidad productiva paraguaya, invitándolos a recorrer el campo y dialogar con pequeños agricultores. Sin embargo, según relatan, las decisiones finales siguen tomándose en Bruselas, lejos del contexto local.
ENTRE LA INTEGRACIÓN Y EL PROTECCIONISMO
El acuerdo Mercosur–Unión Europea, negociado durante más de dos décadas, fue presentado como una oportunidad histórica para ampliar mercados y dinamizar el comercio. No obstante, la implementación práctica parece alejarse de ese objetivo.
Para el sector productivo paraguayo, el riesgo es claro: que el acuerdo termine siendo una herramienta formal sin aplicación real, condicionada por barreras no arancelarias que operan como mecanismos de protección encubierta para los productores europeos.
En ese escenario, la promesa de integración se diluye y deja paso a un modelo de acceso restringido, donde las reglas no solo son exigentes, sino también cambiantes.
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