Esta sanción implica que el Ciclón no podrá contar con el apoyo de su gente ni en condición de local ni como visitante. En los próximos dos compromisos, el equipo deberá presentarse en estadios vacíos para su público, una restricción absoluta que busca frenar la violencia mientras se profundiza en la investigación de los hechos.
La decisión del Tribunal se apoya en los informes técnicos del árbitro Juan Gabriel Benítez y el equipo de seguridad, que describieron un escenario de descontrol en el Defensores del Chaco. Los reportes mencionan enfrentamientos entre la hinchada organizada y la policía en el sector de Graderías Norte, donde un efectivo fue agredido y despojado de su equipo.
El uso de gases lacrimógenos para intentar contener los disturbios generó un efecto dominó de pánico. Ante la dificultad para respirar, familias enteras, incluyendo niños y ancianos, se vieron obligadas a invadir el campo de juego para buscar refugio y asistencia médica, lo que sentenció la suspensión definitiva del encuentro a los 29 minutos del primer tiempo.
Más allá de la suspensión de la hinchada, la APF inició un sumario administrativo para determinar el grado de responsabilidad de Cerro Porteño y Olimpia en la organización del evento. Ambos clubes han sido notificados para presentar sus respectivos descargos.
En una movida para individualizar a los vándalos, el Tribunal emplazó a ambas instituciones por un lapso de 72 horas para entregar el listado completo de los integrantes de sus barras oficiales. Asimismo, se exigirá la identificación de aquellas personas captadas por las cámaras de seguridad lanzando proyectiles e invadiendo sectores restringidos, bajo la advertencia de que la integridad física de los asistentes es la prioridad absoluta del reglamento disciplinario.
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