Kluge, quien impartía orquesta y teoría musical en la Brownsburg High School, solicitó en 2017 una adaptación religiosa bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles. Inicialmente, el distrito le permitió dirigirse a todos sus estudiantes únicamente por sus apellidos para evitar el uso de pronombres transgénero. Sin embargo, tras recibir quejas de otros docentes y alumnos, la institución revocó dicha medida en 2021, dejándolo sin opciones y forzando su salida.
El caso tomó un rumbo definitivo tras la sentencia del Tribunal Supremo de los EE. UU. en 2023 (Groff contra DeJoy), que elevó el estándar de protección para los empleados religiosos. Bajo este nuevo marco legal, las empresas y entidades públicas deben demostrar una «dificultad excesiva» sustancial para negar una adaptación de fe, algo que el distrito escolar de Indiana prefirió no arriesgarse a debatir ante un jurado.
IMPLICACIONES Y FORMACIÓN DIRECTIVA
Más allá de la cuantía económica, el acuerdo impone una medida correctiva: el distrito deberá formar a su personal directivo sobre el alcance del Título VII y la protección contra la discriminación religiosa. «Este acuerdo confirma que las escuelas públicas no pueden obligar a los profesores a violar sus creencias», señaló David Cortman, abogado de Alliance Defending Freedom (ADF), organización que representó a Kluge.
Por su parte, grupos como Liberty Counsel advierten que este es solo uno de varios litigios similares en curso en todo Estados Unidos, subrayando que las instituciones estatales no pueden obligar a los ciudadanos a elegir entre su fe y su sustento.
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