A través de un comunicado oficial, según publica “El Diario Cristiano Internacional”, la presidencia de la confederación, liderada por la pastora Lyda Elena Arias, manifestó su profunda preocupación por las conductas delictivas que buscan constreñir a pastores, sacerdotes, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Según detallaron fuentes internas de la entidad, el pronunciamiento responde a reportes concretos recibidos en los últimos días; sin embargo, los nombres de los afectados y las zonas geográficas específicas se mantendrán bajó estricta reserva para proteger su integridad física.
UN ATAQUE DIRECTO A LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
Para la organización, estos actos de amedrentamiento representan una afrenta directa a los pilares institucionales del país. En el documento, CEDECOL enfatizó el rol social de los afectados:
«Resulta especialmente grave que quienes dedican su vida al servicio espiritual, la promoción de valores, la reconciliación y la construcción de paz sean objeto de amenazas o actos de intimidación. Estas acciones constituyen una vulneración de la libertad religiosa, la libertad de conciencia y los principios democráticos consagrados en la Constitución colombiana.»
El panorama de riesgo no es aislado. La declaración de la comunidad evangélica coincide con las recientes alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, organismo que ya había advertido de forma reiterada sobre la presencia y el accionar de grupos armados ilegales que buscan interferir en los derechos políticos y civiles de la población. Estas advertencias ya han tenido eco en reportes de medios de comunicación nacionales e internacionales como Semana y Europa Press.
EXIGENCIA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
Frente a la inminencia de los comicios del 21 de junio, CEDECOL fue enfática en rechazar cualquier intento de utilizar la violencia o el miedo para sesgar la decisión en las urnas. “Ninguna organización armada o estructura criminal puede reemplazar la voluntad soberana del pueblo ni limitar el ejercicio de las libertades fundamentales”, sentenció el organismo.
Para contener esta situación, la confederación estructuró una solicitud formal de intervención dirigida a múltiples niveles del Estado y de la comunidad internacional:
A la Defensoría del Pueblo: Fortalecer de manera inmediata el sistema de Alertas Tempranas Electorales.
A los entes de control y justicia: Solicitar a la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) la adopción de medidas urgentes de prevención, protección e investigación penal.
A los veedores internacionales: Convocar la vigilancia especial de la Misión de Observación Electoral (MOE), la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios identificados en mayor riesgo.
El comunicado concluye con un llamado a la resiliencia democrática y a la defensa del voto libre. En palabras de la pastora Arias: «Amenazar a un líder religioso es amenazar la libertad de una comunidad. Intimidar el voto es debilitar la democracia. Colombia merece elecciones libres, transparentes y en paz».
Tras los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, el país se encuentra en máxima expectativa política, por lo que la seguridad comunitaria se ha transformado en el eje central de la agenda pública de cara al desenlace electoral para el periodo constitucional 2026-2030.
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