En una evaluación franca sobre el estado de los derechos de las personas con discapacidad en Paraguay, la directora Ferreira reconoció que, si bien se han logrado avances legislativos a partir de la Convención Internacional, la implementación y el progreso real son «muy lentos» en comparación con otros países de la región.
Al ser consultada sobre las prioridades de la SENADIS, Ferreira señaló que la meta más urgente es hacer cumplir la accesibilidad en el país. Esto implica alentar a los municipios a emitir ordenanzas propias y a crear las secretarías descentralizadas para las personas con discapacidad, tal como lo establece la Ley 6808.
Sin embargo, el punto más crítico del debate se centró en la falta de mecanismos de obligatoriedad y sanción para las instituciones y municipalidades que incumplen la normativa, como en el caso del transporte público o los edificios gubernamentales. Ferreira admitió la dificultad de obligar al cumplimiento, indicando que la labor de la SENADIS se limita a la concienciación y a recordar la ley, pues normativas como la de accesibilidad carecen de sanciones explícitas. «La ley habla de cumplimiento, pero, ¿Cómo le obligas? No hay ninguna sanción, debería de haber sanción para eso», reconoció la directora.
Esta situación revela que, a pesar de existir «hermosas ordenanzas», como la de Asunción, estas a menudo se convierten en «letra muerta» si la ejecución se deja únicamente a la buena voluntad o la conciencia de las autoridades locales.
EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: DE LA CARGA A LA RESPONSABILIDAD
Otro punto de preocupación abordado fue la inclusión educativa. La directora señaló que, si bien el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuenta con la Dirección General de Educación Inclusiva y ofrece cursos de capacitación, muchos docentes y directivos se niegan a incorporar a niños con discapacidad, viéndolos como una «carga» en lugar de una responsabilidad.
Ferreira explicó que, en muchos casos, solo se necesitan «pequeños ajustes» o, en otros, simplemente garantizar la accesibilidad, pero prevalece la negativa institucional. El eslogan de la SENADIS, «Fomentar sociedades inclusivas para avanzar en el progreso social», resulta una frase «muy linda» pero que requiere, según se concluyó, de acciones mucho más proactivas y coercitivas que la simple apelación a la empatía o la conciencia.
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