Más de 100 millones de dólares fueron ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a lo largo de tres gobiernos —Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez— sin que el objetivo central del proyecto se haya cumplido: llevar agua potable de manera sostenida a las comunidades del Chaco central. Hoy, los tanques están vacíos y la sed sigue intacta.
El documento, resultado de una fiscalización especial de la Contraloría, describe un escenario alarmante. El acueducto, presentado como la solución estructural a la histórica escasez de agua, definitivamente no funciona. Pero el informe va más allá del resultado visible y reconstruye una cadena de decisiones administrativas erráticas, ampliaciones contractuales desproporcionadas, omisiones graves y violaciones a la ley de Contrataciones Públicas.
Uno de los datos más contundentes es que el proyecto se puso en marcha sin estudios de factibilidad ni viabilidad, un requisito básico del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, se inició una de las obras más ambiciosas del país sin saber con certeza si era técnica ni financieramente viable. Ninguno de los exministros involucrados logró dar una explicación sólida sobre este punto.
A ello se suma otro vacío difícil de justificar: durante una década no se realizaron auditorías internas. Entre 2012 y 2022, el MOPC no fiscalizó ni el proyecto ni los programas de saneamiento vinculados, pese a que estaban financiados con préstamos y cooperación internacional. La ausencia de controles impidió detectar a tiempo fallas técnicas, desvíos financieros y abusos contractuales.
INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO EN ABANDONO
Las consecuencias están documentadas. Durante las verificaciones en terreno realizadas en el 2023, la Contraloría constató que los centros de distribución y tanques de almacenamiento de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia no recibían agua desde hacía meses, e incluso años. En algunos casos, la infraestructura presenta fisuras y signos evidentes de abandono.
Mientras tanto, las comunidades recurren a tajamares, pozos precarios o al pago de altos costos por agua potable, una ironía cruel frente a una obra que absorbió cifras multimillonarias. El contraste entre el gasto público y la realidad cotidiana de los pobladores es uno de los elementos más duros del informe.
El manejo contractual del proyecto roza lo escandaloso. Plazos que debían extenderse algunos meses terminaron ampliándose hasta en un 498%, muy por encima del límite legal del 20%. Pese a los incumplimientos reiterados, el MOPC no aplicó multas, no ejecutó garantías ni rescindió contratos. En la práctica, la ley fue ignorada y los proveedores protegidos.
Lejos de ser excepcionales, los convenios modificatorios se convirtieron en regla. Obras no previstas originalmente fueron incorporadas sin respaldo técnico suficiente, inflando costos y diluyendo responsabilidades. El presupuesto total del acueducto pasó de G. 512.000 millones a casi G. 613.000 millones, sin que el resultado mejore.
La Contraloría asimismo detectó irregularidades en los procesos licitatorios: empresas adjudicadas sin constancia de visitas técnicas obligatorias, contratos firmados antes de que vencieran los plazos de protesta y recomendaciones de rescisión contractual que fueron sistemáticamente ignoradas. Todo ello configura un patrón de tolerancia institucional al incumplimiento.
ESSAP TOMA A SU CARGO EL PESADO “FARDO”
En 2020, el MOPC transfirió la administración del acueducto a la ESSAP sin que las obras estuvieran concluidas ni recepcionadas formalmente, creando un limbo de responsabilidades que hoy dificulta determinar quién debe responder por el colapso del sistema.
El caso ya está en manos del Ministerio Público. La Fiscalía investiga posibles hechos de lesión de confianza y otros delitos económicos, mientras se realizan reparaciones parciales que apenas permiten una rehabilitación limitada del sistema. Sin embargo, el daño ya está hecho.
El informe de la Contraloría no deja margen para interpretaciones benévolas: el Acueducto del Chaco fracasó como obra y como política pública. Millones se ejecutaron, controles faltaron y la promesa del agua quedó, otra vez, en el papel. En el Chaco central, la espera continúa. Y con ella, la pregunta inevitable: si nadie responde, ¿Quién paga este fracaso?
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