El punto de mayor fricción, según lo expuesto por Petersen en RCC Radio este martes, es la desconexión entre el discurso oficial y el debido proceso. El legislador resaltó que, a pesar de la viralización de la noticia y las afirmaciones tajantes de la autoridad tributaria, el afectado no ha sido notificado oficialmente.
«Me voy a poner en el contexto de intermedio: no puedo dudar de la administración clara de la DNIT, pero tampoco de la honorabilidad del mayor productor de cebolla de la República», señaló Petersen, subrayando que hasta el cierre de la entrevista no existía un documento formal o resultado de auditoría en manos del productor.
Para el legislador, el hecho de que un alto funcionario «titule» de contrabando una actividad productiva en medios de comunicación antes de concluir las etapas del sumario administrativo resulta, cuanto menos, ofensivo y carente de la seriedad que requiere el cargo.
EL DESAFÍO A LA LÓGICA LOGÍSTICA: ¿CONTRABANDO A 600 KILÓMETROS?
Uno de los argumentos más sólidos presentados por el diputado Petersen para defender la autenticidad de la producción chaqueña es la distancia geográfica. Según su análisis, la logística necesaria para trasladar cebolla extranjera (desde las fronteras con Brasil o Argentina) hasta las fincas ubicadas a más de 600 kilómetros de Asunción para luego intentar «nacionalizarlas», hace que la acusación sea prácticamente inviable.
«La zona geográfica hace que sea casi imposible que venga cebolla y vaya hasta la finca para mezclarse; el costo de transporte y la logística no tienen sentido», afirmó el legislador, quien se comprometió a investigar los «criterios técnicos» bajo los cuales la DNIT sustenta su dictamen.
ENTRE LA «ENTREGA VIGILADA» Y EL DERECHO A LA DEFENSA
Aunque el diputado mencionó haber escuchado versiones sobre una «entrega vigilada» con orden judicial, insistió en que la familia Hiebert tiene el derecho constitucional de recurrir la medida y demostrar que sus productos son de origen nacional.
El conflicto deja en evidencia una tensión creciente entre el sector productivo del Chaco y las instituciones de control. La falta de transparencia en la comunicación del sumario administrativo no solo afecta la reputación de los productores, sino que siembra dudas sobre si los criterios de la DNIT son estrictamente técnicos o si responden a una presión mediática por mostrar resultados contra el comercio ilegal.