Estos “armatostes” construidos en la Región Occidental, durante la gestión de Camilo Soares como secretario de Emergencia Nacional (SEN), que han dejado de funcionar hace más de una década, costaron a los contribuyentes G. 15.000 millones (más de US$ 3 millones de la época).
Se puede afirmar que es otro ejemplo del populismo, improvisación y negligencia, motivado por la politiquería barata; que se hizo “al galope” sin la realización de estudios más exhaustivos previos y muy necesarios, que resultó en otro grave despilfarro de recursos públicos, y desilusión para los habitantes del Chaco paraguayo.
Un aspecto llamativo de este proyecto es que tampoco ha costado a sus responsables sanción judicial alguna. De acuerdo a los antecedentes, hubo un proceso judicial, pero estuvo plagado (como muchos otros casos) de negligencia de los encargados de impartir justicia. Lo que ha quedado claro es que el proyecto constituye una pérdida casi completa.
Las desaladoras de agua (que se extrae de la tierra chaqueña a través de pozos artesianos) están localizadas en Villa Choferes del Chaco y Tte. Irala Fernández, con el objetivo eliminar la alta salinidad del líquido subterráneo que naturalmente no puede ser consumido por el ser humano, ni los animales.
Hace un tiempo, la SEN anunció que utilizarían estas estructuras como aljibes para almacenar agua para el acarreo, acumulada de las precipitaciones pluviales (lluvias), que tampoco se dan de una manera constante en la región. La mayor parte del año los chaqueños soportan tremendas sequías.
La planta de Villa Choferes del Chaco, situada en el kilómetro 451 de la ruta Transchaco, fue construida para una capacidad de producción de 200.000 litros por día. Según los datos, funcionó deficientemente solo hasta mayo del 2013.
La otra plataforma se encuentra ubicada en Tte. Irala Fernández (Presidente Hayes), con capacidad nominal para procesar 10.000 litros diarios. Esta, también conforme con los antecedentes, nunca operó realmente.
El proyecto fue una gran decepción para los habitantes de esa localidad, teniendo en cuenta que se trata de una de las zonas más afectadas por la sequía, de forma recurrente. Cabe señalar que las comunidades indígenas y latinas conviven en la zona enfrentando la misma problemática de la falta de agua y la sequía extrema.
Esta desalinizadora, que habría costado casi 9.000 millones de guaraníes, ha tenido el mismo destino que la primera, ya que actualmente sirve también como “reservorio” de agua, producto de la lluvia, que tampoco es constante.
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