El intendente Vera Mendoza (que reemplaza en el cargo al condenado y destituido jefe comunal anterior, Hilario Adorno) detalló que, a pesar de que el fallo de destitución del jefe comunal anterior data del mes de abril, la municipalidad sigue sin recibir las transferencias correspondientes. Dijo que el Ministerio de Economía se ampara en la falta de documentación de rendición de cuentas, cuyo último registro presentado por la administración destituida data de diciembre de 2024.
«La última vez que el intendente (anterior) presentó la documentación de la municipalidad fue en diciembre del 2024… eso a nosotros, por un lado, institucionalmente nos genera unos trámites extra que debemos de cumplir para que el Ministerio de Economía recién pueda otorgarnos o hacernos la transferencia correspondiente,» explicó el Intendente, destacando que el municipio debe responder por los errores de la gestión precedente.
CARENCIAS SEVERAS: SALARIOS IMPAGOS Y SERVICIO BÁSICO INEXISTENTE
La parálisis administrativa se traduce directamente en un drama social. Las cifras de la deuda son alarmantes y reflejan el abandono de la comuna: La municipalidad arrastra una deuda total que asciende a G. 1.300 millones solo en salarios de funcionarios. Hay colaboradores que acumulan entre 10 y 11 meses sin percibir sus haberes, una situación insostenible considerando que la economía de Puerto Casado depende en un 70-80% del funcionamiento del municipio.
Vera Mendoza lamentó que la falta de recursos impide incluso la realización de tareas básicas. «Nuestra ciudad está un desastre, hay muchos reclamos,» señaló, indicando que no puede exigir al personal municipal que realice la limpieza y el mantenimiento si no han cobrado sus sueldos.
EMERGENCIA DISTRITAL Y EL LLAMADO URGENTE A LA SENSIBILIDAD
La situación fue declarada en emergencia distrital por la Junta Municipal hace unos diez días. Las fuertes lluvias han provocado el corte de caminos, aislando comunidades indígenas y zonas rurales, lo que agrava la crisis para los pobladores que dependen de la actividad en el campo. El intendente ha intentado negociar con agentes del Ministerio de Economía, presentándoles la resolución de emergencia como un argumento para solicitar una consideración especial, especialmente en el contexto del cierre del año.
«No queremos que ese recurso, que es por lo menos un recurso importante que tenemos ahí resguardado, que por lo menos sea transferido en este diciembre”, solicitó Vera Mendoza, buscando paliar la situación y contratar personal para la limpieza más básica antes de fin de año.
LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN Y LA LUCHA POR LA LEGALIDAD
El nuevo jefe comunal se mantiene alerta ante la posibilidad de que el sector destituido intente una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, reiteró que la propia cartera de Economía dictaminó que estos recursos no suspenden los efectos de un fallo en el fuero electoral.
Vera Mendoza también recordó el caso de malversación de fondos de la administración anterior, que, según un informe de Contraloría, ascendió a G. 7.950 millones en solo dieciocho meses –casi G. 1.200 millones más que el presupuesto anual de la ciudad (G. 6.800 millones)–. «Ese por ejemplo sí es un hecho muy grave que afectó totalmente el funcionamiento de la municipalidad,» concluyó, pidiendo a la Fiscalía que avance en la investigación de este caso que sigue «durmiendo.»
Finalmente, afirmó que la ratificación del TSJE trae «una tranquilidad a toda la gente» y que ahora el enfoque debe ser trabajar en conjunto con la Gobernación de Alto Paraguay y la empresa privada para rescatar al distrito de la grave crisis, buscando que la población «por lo menos tenga una buena comida en este mes de Diciembre.»
ANTECEDENTES
De acuerdo con los antecedentes, el Tribunal de Apelación ratificó la condena contra el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, quien fue sentenciado a 3 años y 8 meses de cárcel luego de ser encontrado culpable por lesión de confianza y administración en provecho propio. La presente resolución judicial lleva la firma de los camaristas Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi.
Según el fallo de segunda instancia quedó probado que el intendente Hilario Adorno, en enero del 2022, usó los fondos municipales para adquirir una camioneta a su nombre. El vehículo costó en total G. 325 millones. De ellos, 50 millones fueron parte de los fondos municipales.
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