La distribución de los recursos destinados a becas universitarias en Boquerón abre interrogantes sobre la administración del dinero público, los mecanismos de selección y la coordinación entre la Gobernación y la Junta Departamental.
En una entrevista, Miguel Del Puerto, secretario de Educación de la Gobernación de Boquerón, informó que este año fueron seleccionados 187 estudiantes universitarios: 109 accedieron por primera vez al beneficio y otros 78 renovaron sus becas.
El presupuesto anual destinado a este programa asciende a G. 407.722.409. De ese monto, el 80 % es administrado por el Ejecutivo departamental, mientras que el 20 % corresponde a la Junta Departamental, que también distribuye ayudas estudiantiles.
Del Puerto explicó que este mecanismo se mantiene desde administraciones anteriores. Sin embargo, al ser consultado sobre la conveniencia de concentrar los recursos en una sola instancia para simplificar los trámites y evitar demoras, no planteó una justificación específica para mantener el esquema actual, más allá de la dinámica histórica y de que los concejales reciben solicitudes de jóvenes de distintos distritos.
El funcionario aseguró que ambas instancias aplican los mismos criterios y que existe un listado compartido para evitar que un estudiante reciba dos becas del mismo programa. No obstante, señaló que los concejales también reciben solicitudes directamente, sin que estas necesariamente pasen por la Secretaría de Educación.
UNA AYUDA LIMITADA FRENTE AL COSTO DE ESTUDIAR
Cada estudiante seleccionado por el Ejecutivo departamental recibe G. 1.960.000 al año, distribuidos en dos desembolsos. El propio secretario reconoció que el aporte no cubre la totalidad de los costos universitarios.
La situación adquiere especial relevancia en un departamento marcado por las grandes distancias, donde trasladarse desde localidades como Pedro P. Peña hasta Filadelfia puede representar un gasto considerable para los estudiantes.
En ese contexto, la división de los recursos entre dos instancias plantea una cuestión legítima de gestión pública: si el dinero disponible es limitado y las exigencias administrativas son importantes, ¿qué ventajas concretas ofrece mantener dos canales de distribución en lugar de fortalecer un mecanismo coordinado y transparente?
LOS FILTROS Y LAS EXCEPCIONES EN LA SELECCIÓN
Del Puerto explicó que la Ordenanza N.º 1/2024 de la Junta Departamental establece las condiciones para acceder a las becas. Entre ellas figura no recibir ayuda económica de otra institución y contar, como regla general, con un promedio académico mínimo de 3,5.
La verificación incluye consultas a distintas plataformas y organismos, entre ellos la Secretaría de la Función Pública, el sistema de información mencionado por el funcionario como SINAR, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y los municipios. Posteriormente, un comité analiza las solicitudes.
El secretario indicó que existen excepciones al promedio mínimo para determinados casos, considerando la exigencia académica de algunas carreras y universidades. También afirmó que pueden rechazarse solicitudes de estudiantes cuyas familias tienen capacidad económica para solventar sus estudios.
Según Del Puerto, estos controles contribuyeron a que la adjudicación de las becas se concretara recién cerca de junio. La demora, explicó, responde en parte a la necesidad de esperar las listas de otras instituciones para evitar la duplicación de beneficios.
El segundo desembolso, iniciado el 15 de octubre, requiere una constancia de estudios o documentación de pago de la universidad. Los beneficiarios deben firmar además una carta de compromiso para justificar posteriormente el uso del dinero. El plazo para completar el procedimiento es de un mes; los fondos de quienes no cumplan podrían redistribuirse entre otros postulantes.
LA JUNTA TAMBIÉN DEBE EXPLICAR CÓMO DISTRIBUYE LOS FONDOS
Durante la entrevista, Del Puerto identificó a la presidenta de la Junta Departamental, Gladys Dietze, y a los concejales Emiliano Servín y Eduardo Martínez como referentes para aclarar el funcionamiento del comité de becas legislativo.
El funcionario sostuvo que tanto el Ejecutivo como la Junta rinden cuentas ante las instancias administrativas correspondientes y la Contraloría. Sin embargo, la entrevista no precisó cuántos estudiantes reciben las becas administradas por la Junta, qué montos individuales perciben ni cómo se publican sus listas de beneficiarios.
Esos datos son fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer el destino de la totalidad de los recursos y verificar que se apliquen criterios uniformes.
La cuestión no es solamente cuántos jóvenes reciben ayuda, sino también cómo se distribuye cada guaraní, qué resultados produce el sistema y si la organización actual es la más eficiente para atender a estudiantes que enfrentan dificultades económicas y geográficas.
Con recursos limitados y costos universitarios crecientes, la transparencia no debería limitarse a una rendición administrativa: también debe permitir conocer públicamente quiénes reciben las becas, cuánto perciben y bajo qué criterios fueron seleccionados.
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