A su turno, el abogado José Ocampos señaló que la discusión no se limita a una cuestión personal, sino que se relaciona con los valores que, a su criterio, sostienen la identidad cultural e histórica del Paraguay. Recordó que el actual gobierno llegó al poder con la consigna de “Dios, Patria y Familia”, principios que —según afirmó— se encuentran profundamente arraigados en la tradición nacional, en la historia y en la fe cristiana del país.
El abogado mencionó hitos históricos y culturales que, a su juicio, reflejan esos valores, como la resistencia paraguaya en la Batalla de Cerro Corá, el legado cultural de figuras como Emiliano R. Fernández y José Asunción Flores, así como la devoción popular a la Virgen de Caacupé, cuya festividad congrega cada año a miles de fieles el 8 de diciembre. En ese sentido, sostuvo que la mayoría de la sociedad paraguaya mantiene una visión conservadora sobre estos temas.
“Si nos regimos por la democracia, debe primar lo que la mayoría del pueblo ha elegido”, afirmó Ocampos, al señalar que —según su visión— más del 90% de la población paraguaya comparte valores tradicionales y cristianos que forman parte del tejido cultural del país.
“AL SER ACTIVISTA, VA A LLEVAR SU IDEOLOGÍA A LA INSTITUCIÓN”
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente fue categórica al afirmar que un activista del movimiento LGTBI no debería dirigir una institución pública, incluso si posee capacidad profesional. “Al ser activista, evidentemente va a llevar esa ideología a la política que va a utilizar dentro de la institución”, expresó.
La legisladora aclaró que el debate no se centra en la orientación sexual de una persona, sino en el activismo político. Señaló que existen cineastas u otros profesionales que pueden ser homosexuales y ejercer su trabajo con idoneidad, pero remarcó que el problema surge cuando existe militancia ideológica que podría influir en las decisiones institucionales.
“Ser homosexual es una decisión particular y forma parte de la intimidad de cada persona, lo cual es un derecho constitucional”, explicó. “Pero cuando alguien es activista y ocupa un cargo político, esa postura ideológica puede trasladarse a las políticas públicas de una institución financiada con recursos del Estado”, añadió.
Consultada sobre el rol de la ministra de Cultura, Valiente evitó cuestionamientos directos y señaló que, a su juicio, viene realizando un trabajo positivo en la preservación del patrimonio cultural, citando acciones vinculadas a la protección de templos históricos como el de Templo de San Buenaventura de Yaguarón.
La senadora afirmó tener un alto concepto de la ministra y expresó su expectativa de que la elección de autoridades para organismos culturales responda tanto a criterios de idoneidad técnica como a la conducta y aptitud necesarias para administrar instituciones que manejan recursos públicos.
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