En ese contexto, el secretario de Estado señaló que tanto el presidente Pedro Alliana, como el vicepresidente Antonio Barrios, evaluaron las tareas desarrolladas y respaldaron la continuidad de la administración penitenciaria.
Entre las principales instrucciones recibidas mencionó la necesidad de optimizar los recursos disponibles, reducir los gastos superfluos y fortalecer el componente de seguridad, especialmente en lo relacionado con la custodia de las personas privadas de libertad. «Cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancias», enfatizó al describir la orientación que pretende mantener en su gestión.
El ministro también reconoció que la alimentación de los internos continúa siendo uno de los desafíos importantes del sistema penitenciario. Indicó que ya mantuvieron una reunión específica para abordar este servicio y garantizar que los ajustes presupuestarios no terminen afectando la provisión de comida.
MEJORAR LAS CÁRCELES EXISTENTES ANTES QUE CONSTRUIR NUEVAS
Nicora explicó que su planteamiento no consiste, de aquí para adelante, en solicitar millonarios presupuestos para levantar nuevas penitenciarías, sino en mejorar la gestión de los establecimientos ya existentes y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura disponible.
Aclaró que esto no significa que no se hayan realizado nuevas inversiones. Recordó que durante su administración se habilitaron tres nuevos centros penitenciarios, una tarea que demandó importantes esfuerzos administrativos y operativos.
La puesta en funcionamiento de estos establecimientos requirió contratar nuevos agentes penitenciarios, capacitarlos desde cero y gestionar recursos para mejorar sus remuneraciones, sin descuidar al personal que ya se encontraba trabajando.
En ese sentido, destacó la importancia de respaldar a los funcionarios honestos y comprometidos con sus responsabilidades, quienes deben contar con condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo.
El ministro insistió en que la reforma penitenciaria no depende únicamente de construir más cárceles, sino también de mejorar la administración, fortalecer los controles, garantizar la seguridad y combatir las prácticas irregulares.
Finalmente, reiteró que las prioridades de su gestión son la transparencia, la optimización de los recursos públicos, la seguridad penitenciaria y la eliminación de los gastos innecesarios.














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