En entrevista con RCC Radio, el legislador explicó este lunes que la propuesta legislativa apunta exclusivamente al personal de blanco —médicos, enfermeros, bioquímicos y otros profesionales asistenciales— dejando fuera los cargos de carácter administrativo.
El legislador explicó que, actualmente, cuando se produce una vacancia por jubilación, renuncia, traslado o fallecimiento, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) se ve obligado a seguir los canales ordinarios dictados por la ley del servicio civil. Este proceso, que incluye llamados a concurso y evaluaciones, genera demoras críticas.
«Conozco casos en el departamento de Guairá de puestos de salud que quedan más de un año sin médicos ni enfermeros. El ciudadano no tiene por qué pagar el pato de la burocracia. Si necesitás atención, no podés ir a un puesto sanitario y que no haya un médico porque todavía no se llamó a concurso. La enfermedad no espera», enfatizó Aguilera.
MECANISMOS DE CONTROL Y EL RIESGO DEL «CLIENTELISMO»
Al ser cuestionado sobre el riesgo de que esta flexibilización de contrataciones directas pueda derivar en prácticas clientelistas o prebendarismo en periodos electorales, el diputado detalló que el proyecto estipula la creación de un Registro de Profesionales de la Salud. Esta base de datos servirá como la única fuente de donde la cartera sanitaria podrá seleccionar los perfiles idóneos para cubrir las emergencias de forma inmediata.
La modalidad planteada consiste en contratos temporales de hasta 12 meses. Mientras el profesional interino cubre la vacante, el ministerio deberá correr en paralelo con el concurso público ordinario. Una vez que se consagre a un ganador formal para el cargo permanente, el contrato temporal quedará sin efecto.
LA DELGADA LÍNEA ENTRE LO PROVISORIO Y LO ETERNO
Durante la entrevista se trajo a colación el espejo del sector educativo, donde las contrataciones temporales suelen encadenarse por años, desvirtuando el sistema de méritos. Respecto a las garantías para que Salud Pública ejecute los concursos reales en el plazo establecido y no abuse de las renovaciones automáticas, Aguilera apeló a la responsabilidad del Ejecutivo.
«Eso va a depender de la buena gestión y de la buena fe de los administradores. No queremos que utilicen de manera incorrecta una herramienta que les queremos proveer para mejorar la atención», admitió.
El proyecto ya se encuentra en las comisiones de la Cámara de Diputados para su correspondiente debate, modificaciones y posterior dictamen.