El detonante de la protesta trasciende la exigencia salarial. Las representantes gremiales, la Dra. Sara Burgos y la Dra. Nélida Caballero —esta última profesional del Hospital Pediátrico Acosta Ñu—, explicaron que las dimisiones responden a un supuesto desabastecimiento crónico de insumos básicos y medicamentos que se arrastra desde hace casi un año.
La falta de elementos mínimos, como tubos endotraqueales y fármacos inotrópicos, llega al punto en que médicos y pacientes deben pagar de su bolsillo los insumos para maniobras de reanimación crítica.
Las referentes indicaron que los anuncios gubernamentales de partidas presupuestarias no se traducen en insumos físicos dentro de los quirófanos, pues el presupuesto suele destinarse al pago de deudas pasadas. A este escenario se suma la exigencia de un reajuste salarial adecuado a los 10 o 12 años de formación universitaria y especialización que exige la disciplina.
SIN ANESTESIA NO HAY QUIRÓFANOS
El impacto de las renuncias cubre los principales centros médicos del país: el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional de Itauguá, el Ineram, el IMT, el Hospital General de Luque, el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el Materno Infantil de San Pablo, el Hospital Cardiológico San Jorge, y las cabeceras departamentales de Encarnación, Ciudad del Este, Cnel. Oviedo, Villarrica y Salto del Guairá.
La crisis ya muestra números alarmantes: en el Hospital Regional de Encarnación, de 19 anestesiólogos en plantilla, solo tres permanecen en funciones, lo que imposibilita cubrir incluso las guardias de urgencia.
“Sin anestesiólogos no se pueden realizar cirugías de urgencia ni programadas. Tampoco procedimientos de diagnóstico especializado como endoscopías o estudios con sedación, ni la asistencia de reanimación crítica en UTI”, advirtió la Dra. Caballero.
CUENTA REGRESIVA LEGAL
Con la entrega de las notas formales, corren los plazos legales: la cartera sanitaria dispone de 10 días para emitir resolución respecto al personal nombrado y 30 días para los médicos contratados.
Si el Gobierno no presenta garantías concretas ni responde a los reclamos en ese lapso, la desvinculación quedará firme, dejando a los quirófanos del sector público al borde del apagón total.