En conversación con RCC, Moreno afirmó que uno de los fármacos en falta es el Trastuzumab 440 mg, esencial para determinados tipos de cáncer, cuyo desabastecimiento ya supera el mes. “Hay compañeros que no se están pudiendo hacer su quimioterapia”, alertó. El costo de cada ampolla ronda los 18 millones de guaraníes y, en algunos casos, los pacientes requieren dos o tres por sesión, aplicada cada 21 días, lo que hace imposible su compra particular.
Según explicó, el problema no se limita a un solo medicamento y la lista de faltantes podría ampliarse si no se destraban los procesos administrativos. Las asociaciones de pacientes atribuyen la crisis a una combinación de excesiva burocracia en los procesos licitatorios y a la pesada deuda acumulada del Ministerio de Salud, lo que estaría generando trabas entre distintas instituciones.
Moreno señaló que, pese a promesas de agilización, persisten obstáculos en los procedimientos que involucran al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. “Cada sector da una versión distinta. Mientras tanto, el paciente es el que paga las consecuencias”, sostuvo.
Ante esta situación, las asociaciones que dependen del INCAN solicitaron formalmente la conformación de una mesa de trabajo con todas las instituciones involucradas, con el objetivo de transparentar la situación y establecer un plan concreto de abastecimiento.
RIESGO SANITARIO Y ANGUSTIA FAMILIAR
La dirigente advirtió que la interrupción de un tratamiento oncológico tiene consecuencias directas en la evolución de la enfermedad. “El medicamento frena el avance de las células cancerígenas. Si el paciente no recibe su dosis, retrocede lo que había logrado avanzar”, explicó.
Además de los medicamentos de alto costo, también faltan insumos básicos para las sesiones de quimioterapia, como agujas especiales y bolsas elastoméricas, que si bien tienen menor precio unitario, resultan inaccesibles para muchas familias.
Actualmente, el INCAN debe cubrir mensualmente la demanda de aproximadamente 20.000 pacientes entre quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia y terapias dirigidas. Moreno recordó que en el centro no solo se atienden pacientes del sistema público, sino también del Instituto de Previsión Social y del sector privado cuyos seguros no cubren la medicación.
“Necesitamos un sinceramiento. Que el Estado diga hasta dónde puede responder, pero que no jueguen con la vida de los pacientes”, reclamó.