Al respecto, el Superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, confirmó a RCC Radio que la investigación fue ordenada mediante la Resolución N.º 46/2026 y aseguró que el proceso será exhaustivo. “No vamos a encubrir a nadie ni a perseguir a nadie. Vamos a contar la verdad, con hechos objetivos. No nos va a temblar el pulso”, afirmó.
La auditoría analizará paso a paso todo lo ocurrido desde el ingreso del paciente al IPS, incluyendo procedimientos médicos, protocolos de atención, procesos administrativos, gestión como asegurado y eventuales fallas estructurales, así como el funcionamiento de los equipos y la disponibilidad de insumos.
AUDITORÍA INTEGRAL Y PLAZO DEFINIDO
El trabajo estará a cargo de un equipo técnico de seis auditores, encabezado por el doctor Nicolás Aguayo, que contará con un plazo de 30 días corridos para emitir conclusiones y recomendaciones. El equipo está integrado además por los doctores Alberto Benítez, Rebeca Salerno, Karina Troche, el licenciado Julio Riveros y el abogado José Villamayor.
Melgarejo confirmó que serán citados tanto los profesionales de la salud involucrados como los familiares del paciente, y que se revisará toda la documentación disponible, además de realizar entrevistas personales.
“Se va a revisar absolutamente todo, incluyendo los contratos de mantenimiento de equipos, la trazabilidad del stock de insumos y las versiones oficiales sobre supuestas fallas técnicas”, remarcó.
FALLAS ESTRUCTURALES BAJO LA LUPA Y DERIVACIONES PUNITIVAS
Ante las denuncias sobre carencias estructurales en el IPS, el superintendente explicó que la Superintendencia tiene atribuciones para realizar auditorías reactivas, ante hechos de público conocimiento o denuncias, y también auditorías preventivas, que ya se encuentran planificadas en distintos puntos del país, tanto en el sistema público como privado.
Reconoció limitaciones operativas y presupuestarias, pero subrayó que no serán una excusa. “Con un presupuesto incluso menor que años anteriores, el año pasado produjimos mucho más. Estamos haciendo el doble o el triple que antes”, señaló.
Melgarejo aclaró que la auditoría no es un instrumento punitivo, sino técnico, destinado a determinar qué ocurrió y por qué. Sin embargo, advirtió que sus conclusiones pueden derivar en sumarios administrativos y, eventualmente, en la intervención del Ministerio Público, si se detectan indicios de hechos punibles. “Tenemos antecedentes de auditorías en las que no nos tembló el pulso para emitir dictámenes y elevar informes tal como ocurrieron los hechos”, sostuvo.
Entre los puntos clave a analizar figura también la ausencia o no activación de protocolos de derivación inmediata a sanatorios privados, en caso de que los equipos del hospital central estuvieran fuera de servicio de manera simultánea. “Todo eso se va a analizar con documentos y entrevistas. La ciudadanía merece saber qué pasó y por qué”, concluyó el superintendente.