La CEP recordó que la salud es un bien común y un derecho de todos, no un privilegio reservado a quienes pueden pagarla ni una promesa que debe quedar limitada a los discursos. Advirtió que quienes más sufren las consecuencias de la crisis son, precisamente, los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los obispos plantearon la necesidad de distinguir tres aspectos fundamentales en el debate. El primero es la dignidad humana, que incluye el derecho a la salud y a un trabajo digno y que no puede quedar supeditado al contexto fiscal de cada momento.
El segundo es el presupuesto, entendido como el instrumento mediante el cual el Estado hace efectivos esos derechos. Para la CEP, los recursos públicos no constituyen una realidad inamovible, sino que responden a decisiones y prioridades políticas.
El tercer elemento es el factor humano: médicos, enfermeros, técnicos y todos los trabajadores que hacen posible que las leyes y los presupuestos se traduzcan en atención concreta para la población. “Cuando la discusión pública se reduce solo a las cifras, se pierde de vista lo esencial”, sostiene el documento.
La CEP también reconoció como legítimos varios de los reclamos del personal sanitario, entre ellos los salarios que permanecen congelados desde hace más de una década, la falta de insumos y las condiciones laborales que demandan un esfuerzo que muchas veces supera lo razonable.
En ese sentido, sostuvo que un salario digno no es un lujo, sino una condición mínima que permita al trabajador prestar un servicio al Estado sin tener que subsidiarlo con recursos de su propio bolsillo. También reclamó coherencia a quienes toman decisiones presupuestarias, señalando que deberían aplicar a sí mismos los mismos criterios de austeridad y transparencia que exigen a otros sectores.
Al mismo tiempo, la Iglesia reconoció el derecho de cada médico a presentar su renuncia. Sin embargo, advirtió que cuando cientos de profesionales ejercen ese derecho de manera simultánea y coordinada, el impacto puede traducirse en una falta crítica de especialistas, particularmente en áreas sensibles como pediatría.
El mayor riesgo, según la CEP, es que las consecuencias terminen recayendo sobre quienes no tienen responsabilidad alguna en el conflicto: los pacientes, los niños que esperan una cirugía y las familias que quedaron atrapadas en medio de la disputa.
Por ello, pidió al gremio médico que, sin abandonar sus reclamos, considere también el costo humano de la medida, priorice los casos más urgentes y mantenga debidamente informados a los pacientes que dependen de sus servicios.
Al Estado, en tanto, le reclamó asumir su responsabilidad frente a una situación que —según señala— es resultado de 14 años de indiferencia y que no puede solucionarse mediante comunicados ni promesas generales de una carrera sanitaria sin plazos ni financiamiento concreto.
La CEP recordó además que el propio Gobierno definió “Paraguay sano” como uno de los pilares de su gestión. En consecuencia, sostuvo que la salud pública debe ser tratada como una prioridad efectiva dentro del presupuesto y no como una partida contingente dependiente de los recursos que eventualmente queden disponibles.
Finalmente, planteó que la salida a la crisis no debería limitarse a una tregua entre el Gobierno y los gremios médicos. Propuso ampliar el diálogo a una mesa de trabajo que incluya al Congreso, autoridades científicas, gobiernos departamentales y organizaciones de la ciudadanía, con miras a la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
La Conferencia Episcopal Paraguaya hizo así un llamado a las autoridades y a los gremios médicos a negociar de buena fe, sin retóricas ni posiciones irreconciliables, y con una prioridad común: poner en el centro a las personas, tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes que hoy esperan una respuesta.