Intervención en el Hospital Nacional de Itauguá: Separan de sus cargos a jefes tras denuncias de acoso y violencia laboral

El Dr. Carlos Román, interventor designado por el Ministerio de Salud, lidera un proceso que durará 60 días que busca desmantelar estructuras de maltrato en las residencias médicas. Los jefes de Cirugía ya fueron apartados de sus cargos mientras una auditoría de "archivo" busca desempolvar denuncias que habrían sido ignoradas por años.

Intervención en el Hospital Nacional de Itauguá: Separan de sus cargos a jefes tras denuncias de acoso y violencia laboral

El Hospital Nacional de Itauguá, históricamente el buque insignia de la salud pública paraguaya, enfrenta hoy una de sus crisis institucionales más delicadas. No se trata esta vez de falta de insumos o de infraestructura, sino de una patología interna mucho más difícil de erradicar: la violencia laboral.

Tras una serie de denuncias formales que apuntan a un esquema de hostigamiento en las unidades de formación, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) ha tomado la determinación de intervenir el recinto por un periodo de dos meses.

En una entrevista exclusiva con RCC Radio, el Dr. Carlos Román, interventor y cabeza del equipo auditor, detalló el alcance de este operativo que busca, en primer lugar, proteger a las víctimas y, en segundo, sanear el ambiente donde se forman los futuros especialistas del país.

EL DETONANTE: LA RESIDENCIA DE CIRUGÍA GENERAL

Si bien los rumores de maltratos en las residencias médicas han sido un secreto a voces en el ámbito sanitario por décadas, la «gota que colmó el vaso» —en palabras de los entrevistadores— fue una denuncia con nombre y apellido.

Una médica residente del programa de Cirugía General se atrevió a romper el silencio, señalando directamente a sus jefes de servicio y coordinadores por presunto acoso, hostigamiento y prácticas irregulares que exceden lo académico para entrar en el terreno de lo delictivo.

«La denuncia está caracterizada como un presunto caso de acoso y violencia laboral en la unidad formadora. Ante esto, la ministra María Teresa Barán nos encomendó constituirnos de inmediato», explicó Román.

Como primera medida de choque, el director del hospital, el Dr. Miguel Ferreira, ya ha dispuesto la separación de los cargos de los profesionales señalados, buscando garantizar que la investigación se desarrolle sin interferencias ni presiones hacia los denunciantes.

AUDITORÍA DE «CAJONES»: EL RASTRO DEL SILENCIO

Uno de los puntos más reveladores de la intervención es la sospecha de que este no es un problema nuevo, sino uno que ha sido encubierto sistemáticamente. El equipo interventor, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia, ha recibido instrucciones de realizar una auditoría retrospectiva.

«Cada dirección está puesta en función de intervenir todas las estructuras. Vamos a verificar documentos de años anteriores para consolidar hallazgos y determinar si existieron denuncias que no tuvieron resolución o que fueron ‘cajoneadas’ en administraciones pasadas», sentenció el interventor. Este enfoque busca sentar un precedente: el fin de la impunidad para quienes utilizan su posición jerárquica para ejercer violencia.

UN PLAN DE TRES EJES Y 60 DÍAS

El proceso de intervención se ha estructurado en tres pilares fundamentales para no afectar el funcionamiento del hospital, que recibe a miles de pacientes diariamente:

Eje Formativo: Revisión exhaustiva de los programas de residencia, la supervisión de los instructores y las condiciones en las que los médicos jóvenes aprenden su oficio.

Eje Organizacional: Auditoría de la gestión de talento humano y los procesos administrativos del hospital.

Eje Asistencial: Verificación de que el clima de tensión interna no se traduzca en una disminución de la calidad de atención o en riesgos para la seguridad del paciente.

GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD

Consciente del miedo que impera en los pasillos hospitalarios por temor a represalias, el Dr. Román enfatizó que se han habilitado canales seguros. «Trabajamos directamente con Anticorrupción para ofrecer garantías de confidencialidad. Queremos que el personal hable sin miedo, que sepa que hay mecanismos de protección que hoy sí están funcionando para evitar esos canales burocráticos innecesarios que antes no conducían a ninguna solución», aseguró.

La intervención en Itauguá se presenta, así como un caso testigo para el sistema de salud paraguayo. El éxito de estos 60 días no se medirá solo en sanciones, sino en la capacidad de devolver al Hospital Nacional un entorno de trabajo basado en el respeto, la honestidad y la decencia, pilares fundamentales para que la medicina sea, efectivamente, un acto de cuidado y no de sacrificio humano bajo coacción.

 

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