En la mañana de este martes, en una conferencia de prensa, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y el, el embajador Javier García de Viedma representante de la Unión Europea (UE) en Paraguay, en donde informaron que la organización internacional y el Paraguay finalmente llegaron a un consenso en el marco del convenio de cooperación educativa.
Tras la reunión llevada a cabo este martes, el canciller Rubén Ramírez anunció que el proceso de diálogo con la Unión Europea (UE) ha concluido luego de acordar mediante notas reversales la modificación de la palabra «transformación» y así como la incorporación de artículos de la Constitución Nacional paraguaya en el convenio de financiamiento de apoyo a la educación.
“Hoy hicimos un intercambio de notas sobre los resultados alcanzados, las mismas aclaran el alcance, terminologías y conceptos del convenio de financiación para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay”, indicó el canciller Ramírez.
Asimismo, mencionó que estos intercambios se ajusta a la Constitución Nacional del Paraguay de manera a respetar la identidad y los valores de nuestro país. Señaló además que a partir de este momento, el convenio pasará a llamarse Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Educativo en Paraguay, suprimiendo la anterior denominación.
Además, se incluyeron especificaciones basadas en los artículos de la Carta Magna, como los artículo 46 de la igualdad de las personas; el artículo 47 de la garantía de la igualdad; el artículo 48 de la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer; el artículo 49 de protección a la familia; el artículo 50 del derecho a constituir una familia; el artículo 53 de los hijos; el artículo 54 de la protección al niño y el artículo 75 de la responsabilidad educativa.
Mencionando que los alcances del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y 5 los cuales hablan de la igualdad de género, enfoque de género e igualdad en los derechos, educación inclusiva, implementados por las Naciones unidas serán interpretados conforme a los artículos citados de la Constitución Nacional del Paraguay y demás leyes vigentes del ordenamiento jurídico nacional.
“A su vez el Gobierno de la República del Paraguay entiende que la gobernanza del sector educativo hace referencia a la gestión del Gobierno paraguayo para establecer la política nacional en el ámbito educativo”, refirió Ramírez Lezcano.
Ramírez Lezcano anunció que se ha decidido reforzar la composición del comité directivo, el cual está conformado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la delegación de la Unión Europea, y extender la invitación al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, para que participen en las reuniones de dicho comité.
Por su parte, el embajador de la UE, Javier García de Viedma declaró que han estado trabajando de manera conjunta con el canciller Rubén Ramírez y con su equipo técnico, así también con el ministro de Educación, Luis Ramírez y el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez a nivel técnico y político.
Recordó que el proceso inició con una reunión el pasado 18 de agosto, tras el llamado del Canciller Ramírez para abordar la situación que se había creado en torno al convenio de financiación Unión Europea – Paraguay. Asimismo, agradeció la buena disponibilidad y disposición de los tres ministerios encabezados especialmente por la cancillería.
“Esperamos que este intercambio de cartas permita superar la situación actual y esperamos seguir construyendo a la mejora de la educación en Paraguay”, concluyó.
De esta manera, Paraguay recuperará el acceso a los fondos remanentes que no podían ser utilizados previamente por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para financiar programas como la merienda escolar, vales de útiles escolares y mejoras en la infraestructura de escuelas y colegios públicos.
Finalmente, han mencionado que lo acordado a través de notas reversales entre Paraguay y la Unión Europea se comunicará al Congreso Nacional, que tenía pendiente cerrar el proyecto de ley destinado a revocar el convenio. Dicho proyecto había obtenido la aprobación parcial de la Cámara de Diputados.
De esta manera, se logró adecuar el convenio a lo establecido en la Constitución Nacional, la cual exigía una perspectiva provida y profamilia, sin alterar su esencia, permitiendo así el acceso a los fondos nuevamente. Para el Estado, no fue necesario recurrir a una adenda.
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