La crisis de Ueno Bank suma un nuevo capítulo judicial. El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió enviar a prisión preventiva a seis exdirectivos de la entidad, imputados por presuntas irregularidades financieras que habrían provocado un grave perjuicio patrimonial al banco y comprometido los ahorros de miles de clientes.
La decisión se produce luego de las audiencias de imposición de medidas cautelares realizadas este jueves en el Palacio de Justicia de Asunción, donde comparecieron los ocho integrantes de la cúpula directiva que habían sido detenidos por disposición del Ministerio Público.
Entre los procesados se encuentran Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de Ueno Bank y titular del Grupo Vázquez; Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad; Julio Daniel Rey Fernández; Diana Leticia Mongelós González; Mariana Torres Rubiani; Alejandro Gómez Abente; Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, en su carácter de síndico.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO VACIAMIENTO
La causa está a cargo de los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, quienes formularon imputación contra un total de 27 personas vinculadas a Ueno Bank y empresas relacionadas.
Los investigados enfrentan imputaciones por supuesta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Según los elementos presentados por la Fiscalía, la investigación se concentra en operaciones financieras realizadas entre 2025 y 2026, principalmente préstamos y sobregiros concedidos a empresas vinculadas al grupo empresarial controlador de la entidad.
El Ministerio Público identificó saldos pendientes de recuperación por aproximadamente USD 166,9 millones y G. 343.157 millones, montos que, según la hipótesis fiscal, podrían comprometer seriamente los activos del banco.
La Fiscalía también solicitó medidas patrimoniales contra los imputados y siete sociedades vinculadas, entre ellas la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y la inhibición general de vender y gravar bienes.
LA CRISIS QUE TERMINÓ CON LA RESOLUCIÓN DE UENO
El proceso penal se desarrolla paralelamente al procedimiento de resolución de Ueno Bank dispuesto por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
La situación dejó a miles de depositantes sin acceso a sus fondos y abrió un complejo proceso para recuperar los activos y garantizar la devolución de los ahorros.
El caso también adquirió una dimensión política nacional por los vínculos empresariales que tuvo el presidente Santiago Peña con el Grupo Vázquez y por las inversiones de recursos públicos y previsionales en la entidad.
La investigación penal continúa y las imputaciones constituyen atribuciones provisorias que deberán ser probadas durante el proceso judicial.