Las recientes modificaciones al presupuesto 2025 han generado indignación pública, al reflejar prioridades alejadas de las demandas sociales. La Cámara de Senadores asignó un aumento de G. 6 millones mensuales a cada legislador, a pesar de la creciente presión ciudadana para reducir los privilegios de los políticos.
El presupuesto para el Senado alcanza G. 230.395 millones, mientras que la Cámara de Diputados dispone de G. 312.891 millones. Aunque los diputados decidieron eliminar el seguro médico VIP, reinstauraron el cupo de combustibles, suspendido en 2020 debido a la crisis generada por la pandemia.
En el Senado, los legisladores justificaron el aumento redireccionando fondos anteriormente destinados a combustibles y salud hacia gastos de representación. Sin embargo, esta decisión ha sido ampliamente cuestionada por su falta de consideración hacia la desigualdad económica que afecta al resto de la población.
La asignación de recursos en beneficio personal de los parlamentarios ocurre en un momento donde la ciudadanía demanda austeridad y eficiencia en la gestión pública, intensificando el debate sobre el uso de los fondos estatales y la desconexión entre representantes y representados.