En una sesión histórica, la Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley que busca la universalización de la pensión alimentaria para adultos mayores. Este proyecto, que ahora será estudiado por la Cámara de Diputados, propone importantes modificaciones, como la eliminación del censo previo y la inscripción automática de beneficiarios, facilitando así el acceso al programa administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
La nueva legislación, unificada a partir de cuatro propuestas diferentes, establece el derecho a la pensión universal y otros beneficios para las personas mayores. La eliminación del censo previo permitirá la inscripción automática de los adultos mayores al cumplir la edad mínima requerida, con un plazo de implementación de 60 días. Esta medida apunta a asegurar que todos los adultos mayores en situación de vulnerabilidad puedan acceder al beneficio de manera más eficiente.
Manteniendo la edad mínima de ingreso al programa en 65 años, la ley introduce excepciones para comunidades indígenas, que podrán acceder al programa a partir de los 55 años, y para personas con discapacidad, a partir de los 60 años. Estos ajustes reconocen las distintas realidades y necesidades de estos grupos específicos.
Los criterios para la inclusión en el programa se mantienen sin cambios: los beneficiarios no deben percibir remuneración del sector público o privado, no ser contribuyentes del impuesto a la renta personal, no haber declarado ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales, y no poseer más de 30 cabezas de ganado.
El monto de la pensión se fija en el 25% del salario mínimo, con ajustes automáticos basados en la variación del salario mínimo. Esta medida asegura que los beneficios se mantengan relevantes y ajustados a la inflación. El Gobierno espera una incorporación gradual de beneficiarios, con una meta de 30.000 nuevos adultos mayores anuales, según la disponibilidad presupuestaria.
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