El punto más cuestionado establece que los funcionarios públicos podrán objetar la difusión de datos relacionados con sus cargos, lo que para sus detractores supone un retroceso en materia de acceso a la información pública, derecho protegido por ley vigente desde 2014 y considerado uno de los «pilares» de control ciudadano.
El debate fue intenso. Legisladores como Yolanda Paredes señalaron que la discusión se desvió de su propósito original —proteger datos personales de los ciudadanos— para terminar restringiendo la visibilidad de la gestión pública. Otros, como Blanca Ovelar, admitieron que aprobar el artículo 24 fue un error que podría generar interpretaciones contrarias a la Constitución.
En el mismo sentido, Rafael Filizzola sostuvo que el texto es abiertamente inconstitucional y afirmó que el presidente Santiago Peña “tiene la obligación” de vetarlo. Recordó que la cláusula podría “matar la Ley de Acceso a la Información Pública” al fomentar trabas y burocracia para quienes soliciten datos del Estado.
En defensa del proyecto, el senador Patrick Kemper argumentó que se ha generado una alarma exagerada y que la información pública seguirá siendo accesible, “salvo objeciones justificadas”, aunque esa salvedad es precisamente la que genera preocupación.
Ahora, todas las miradas apuntan al Ejecutivo. Peña deberá tomar una decisión en medio de un clima político que exige más transparencia hacia los ciudadanos, no menos. Organizaciones civiles y legisladores opositores ya adelantaron que insistirán en un veto parcial o total, para evitar que la nueva ley se convierta en un escudo para ocultar la gestión pública.
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