El mandatario denunció públicamente una vulneración de sus garantías constitucionales al señalar la desproporción entre el volumen documental notificado y el tiempo otorgado para responder.
Según detalló Peña, la notificación oficial se concretó a las 22:15 horas, acompañada por un extenso libelo acusatorio y aproximadamente 300 fojas de anexos documentalizados, exigiéndosele compadecer y presentar su respuesta en un lapso inferior a las 12 horas.
«He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso», recriminó el jefe de Estado, asegurando que se busca acelerar los plazos sin dar margen a una evaluación técnica rigurosa.
Pese a la vertiginosa crisis política que atraviesa su administración, Peña ratificó que se mantendrá en el proceso institucional para exponer sus argumentos ante la opinión pública. «Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles», aseveró.
La solicitud de aplazamiento queda ahora en manos del plenario legislativo, mientras diversos sectores debaten la legitimidad de los plazos otorgados para el procedimiento constitucional de juzgamiento.