PND Paraguay 2050 y la ausencia de defensa explícita de los derechos fundamentales

La falta de una defensa explícita del derecho a la propiedad privada y la ausencia de protección explícita a derechos fundamentales como la vida, la expresión y el culto, son alarmantes en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050, según un análisis crítico realizado por el sector privado. A pesar de haber dado su posición y de haber solicitado los cambios correspondientes, el Gobierno se mantuvo firme en lo suyo y lanzó el plan hace un par de semana.

PND Paraguay 2050 y la ausencia de defensa explícita de los derechos fundamentales

En cuanto al derecho a la Propiedad Privada, el sector privado productivo ha alertado que su omisión puede desincentivar la inversión y el ahorro, creando vulnerabilidad ante expropiaciones y socavando la libertad personal. El sector estima que la propiedad privada es un pilar de la libertad, ya que, sin ella, los ciudadanos dependerían totalmente del Estado y serían vulnerables al control arbitrario.

En cuanto a la falta de protección explícita de los derechos fundamentales, advierte puede conllevar a la degradación del Estado de derecho, la censura institucionalizada y la supresión del disenso, pudiendo generar conflictos sociales y la persecución de minorías.

Por otra parte, la ausencia de acciones que promuevan la cohesión social, el sentido de pertenencia y el patriotismo deja un vacío en la construcción de una identidad nacional fuerte, esencial para la unidad ante los desafíos externos e internos.

HACIA UN PND 2050 SOSTENIBLE: LA NECESIDAD DE LA REFORMULACIÓN

El análisis crítico señala que, para garantizar la sostenibilidad, la soberanía y la prosperidad del Paraguay, el PND 2050 requiere de una reformulación que incorpore políticas explícitas y alineadas constitucionalmente con los intereses legítimos de la nación.

Indica que una reformulación debe centrarse en reafirmar la propiedad privada como pilar esencial de la libertad y la inversión; garantizar la vida, la dignidad y la libertad sin ambigüedades; abordar la Geopolítica desde una perspectiva de defensa de los intereses nacionales; fomentar la cohesión social y el patriotismo para la unidad nacional.

Asimismo, ha urgido la incorporación de políticas a favor de la natalidad, fomentando los nuevos nacimientos y fortaleciendo la familia, de modo a afrontar la crisis demográfica, que ya es una realidad en el Paraguay; y desvincularse de agendas internacionales que afecten los intereses legítimos y soberanos de nuestro país.

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LA OMISIÓN DE POLÍTICAS PRONATALIDAD

De acuerdo con el estudio, la omisión de políticas explícitas de promoción de la natalidad en el PND 2050, en un contexto de cambio demográfico incipiente, tiene consecuencias económicas de gran alcance y podría socavar la sostenibilidad del modelo de desarrollo propuesto, como por ejemplo, la pérdida del “Bono Demográfico”, que se refiere al período en el que la proporción de la población en edad de trabajar (productiva) es significativamente mayor que la población dependiente (niños y jubilados).

​Alerta que, al no invertir en políticas que aseguren el relevo generacional, Paraguay corre el riesgo de agotar su bono demográfico más rápido o sin haber maximizado su potencial. Esto se traduce en una fuerza laboral menguante en términos relativos. Además, la reducción de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida provocan un rápido envejecimiento de la población; el índice de dependencia aumenta, lo que significa que menos trabajadores activos tienen que sostener a más jubilados y dependientes, limitando la capacidad de ahorro e inversión del país.

CRISIS DEL SISTEMA DE PENSIONES

​La consecuencia más directa de un envejecimiento poblacional, sin políticas pronatalidad, es la insostenibilidad de los sistemas de reparto de pensiones. En ese orden, la quiebra del Sistema de Reparto es previsible, dado que se basan en que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales.

Añade que una baja tasa de natalidad implica que la base de cotizantes se reduce constantemente, y que, si la relación entre cotizantes y pensionistas cae, el sistema se enfrenta a un déficit estructural inevitable, requiriendo rescates fiscales o drásticas reducciones en los beneficios.

En este sentido, alerta que, para intentar sostener el sistema, el Estado podría verse obligado a aumentar las cargas tributarias sobre la población activa (impuestos al trabajo), lo que podría desincentivar gravemente la formalización y el empleo productivo, lo que representaría un grave retroceso.

 

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