En una jornada de convulsión política sin precedentes en la historia democrática del Paraguay, la Cámara de Diputados consumó un hecho histórico: aprobó por unanimidad el libelo acusatorio y el juicio político contra el presidente Santiago Peña, a pesar de que este horas antes había presentado formalmente su renuncia al cargo.
La decisión unánime del pleno legislativo marca un punto de inflexión absoluto. Mientras las bancadas oficialistas y opositoras coincidieron en que la dimisión del mandatario no extingue la necesidad de depurar responsabilidades políticas e institucionales tras el escándalo financiero de Ueno Bank y la crisis de la seguridad social, el expediente fue remitido de urgencia a la Cámara de Senadores.
EL PESO DE LOS ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
Este escenario reabre el debate jurídico sobre el alcance del artículo 225 de la Constitución Nacional. Si bien la figura del juicio político tiene como «único efecto» separar al incriminado del cargo, la renuncia previa generó una fuerte disputa de interpretación entre los constitucionalistas.
Por un lado, sectores sostienen que la dimisión vuelve abstracta la destitución; por el otro, la mayoría de los legisladores argumentó que la aprobación del juicio político busca establecer un precedente de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y asegurar la remisión inmediata de los antecedentes al Ministerio Público, garantizando que el proceso de control político llegue a su máxima expresión institucional.
Ahora, la pelota está en la cancha de la Cámara Alta, que deberá constituirse en Tribunal de Sentencia para resolver si el proceso de destitución e inhabilitación continúa su curso formal o si, por el contrario, la dimisión altera el trámite procesal en los plazos constitucionales.