El senador Líder Amarilla (PLRA) ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar el trato preferencial que recibe su colega. En el ámbito judicial, la lógica es clara: cualquier ciudadano condenado por un crimen (delitos con penas superiores a 5 años) suele enfrentar la prisión preventiva inmediata debido al evidente peligro de fuga. No obstante, Galeano permanece en libertad, un hecho que Amarilla atribuye directamente a su «investidura».
La defensa del sector que sostiene a Galeano se refugia en la presunción de inocencia hasta que exista una «sentencia firme y ejecutoriada». Bajo esta tesis, el Senado no debería actuar hasta que se agoten todas las instancias, incluyendo apelaciones y la Corte Suprema, un proceso que podría durar años.
Sin embargo, la contraparte jurídica —y el reclamo de la bancada democrática— apunta a la pérdida de investidura. Aquí el debate se centra en una sutileza semántica de la Constitución: el «uso indebido de influencias fehacientemente comprobado».
Para un sector de la oposición, una condena en primera instancia por delitos tan graves ya constituye una comprobación suficiente para activar el juicio político parlamentario, sin necesidad de esperar el cierre definitivo del expediente judicial.
LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA
A pesar de la gravedad de la sentencia, el Senado parece sumido en una parálisis deliberada. Amarilla admite que la Bancada Democrática aún no ha tomado una postura institucional ni ha discutido formalmente la sustitución de Galeano. Esta demora plantea una interrogante inquietante: ¿Está el Congreso esperando una absolución en instancias superiores o simplemente ganando tiempo para proteger a uno de los suyos?
La decisión que tome la Cámara Alta en los próximos días será el termómetro definitivo de la salud democrática del país. El caso Erico Galeano no es solo un proceso penal; es la prueba de fuego para saber si la investidura parlamentaria es un honor que exige conducta intachable o un escudo para evadir la justicia ordinaria.