Cabe destacar que, tanto el gremio ganadero como industrial, coinciden en exigir el fin de la injerencia política en la justicia, puesto que este de tipo de hechos socavan la institucionalidad y debilita el Estado de Derecho. La ARP, por su lado, expresa “su profunda preocupación y enérgico repudio” ante las recientes revelaciones que evidencian un grave manejo político de la justicia en el país.
Señala que las conversaciones extraídas de dispositivos sometidos a peritaje judicial exponen un entramado de corrupción que involucra miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el JEM, desnudando “una preocupante falta de independencia” en la administración de justicia.
Expresa que, como gremio que defiende la legalidad el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, considera “inaceptable” que se sigan desnaturalizando las instituciones encargadas de impartir justicia, debilitando la confianza ciudadana en las mismas.
Señala que las pruebas divulgadas se tratan de negociaciones ilegítimas que afectan directamente la lucha contra la corrupción el narcotráfico y otros delitos que golpean a nuestra sociedad.
En ese sentido, citando el resultado del estudio de Latinobarómetro 2024, sobre la “Democracia resiliente”, expresa que solo 23% de los ciudadanos confían en el congreso nacional y apenas un 28 de los paraguayos confía en el Poder Judicial.
En ese orden, la ARP exige una investigación rápida imparcial y exhaustiva por parte del Ministerio Público sobre los hechos de corrupción denunciados, sancionando con el mayor rigor a los responsables.
Además, reclama la “depuración inmediata” de las instituciones involucradas, garantizando que jueces fiscales y miembros del JEM actúen con independencia y transparencia.
Por su parte, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) asevera que las recientes revelaciones de conversaciones entre autoridades judiciales, parlamentarias y del Ministerio Público han dejado en evidencia una trama de manipulación y tráfico de influencias “que traiciona los principios fundamentales del Estado de derecho”.
Asevera que estas prácticas nos remontan a épocas en las que el poder se ejercía sin control ni transparencia, como en las autocracias medievales. “No podemos permitir que nuestras instituciones sean manejadas por quienes, en lugar de servir a la ciudadanía, se benefician a costa del bien común”, enfatiza.
EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA Y LAS INVERSIONES
Añade que mientras el presidente, el ministro de Industria y algunos miembros del Poder Ejecutivo trabajan por atraer inversiones, generar confianza y promover oportunidades para los paraguayos, estos hechos lamentables ponen en riesgo la estabilidad y el futuro del país. “La corrupción y el uso discrecional de la justicia no solo debilitan nuestra democracia, sino que frenan el desarrollo que tanto merecemos”, subraya.
Advierte “con firmeza” que sin instituciones sólidas y transparentes, no hay inversión, no hay empleo y no hay progreso. “Paraguay necesita reglas claras, seguridad jurídica y un compromiso inquebrantable con la ética pública para seguir creciendo. No podemos permitir que la impunidad y el abuso de poder sean los frenos de nuestra competitividad y nuestro desarrollo”, remarca.
También se pronunciaron el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, la Cámara Nacional de Comercio y Servicio del Paraguay; la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados; el Centro de Importadores del Paraguay y la Cámara de Anunciantes del Paraguay.
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