En un movimiento político de alta sensibilidad social, un bloque de 20 diputados ha forzado el tablero legislativo al presentar un pedido formal de sesión extraordinaria ante la Comisión Permanente del Congreso.
El pedido, dirigido al senador Colym Soroka (ANR), busca que el pleno de la Cámara de Diputados se reúna también de urgencia mañana jueves 5 de febrero, a las 08:30 horas, para dar tratamiento al proyecto de ley que modifica la estructura del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación.
La propuesta, que lleva la firma de los diputados Juan Maciel (ANR-Caazapá) y José Adorno (ANR-Alto Paraguay), no es solo un ajuste administrativo; representa un intento por salvar un sistema previsional que camina por la cornisa de la insostenibilidad. Según los proyectistas, la normativa busca transformar la Caja en una «institución eficiente y rentable», capaz de cumplir sus compromisos sin depender de auxilios externos.
EL FIN DE LOS PRIVILEGIOS: EDAD Y APORTES A REVISIÓN
La exposición de motivos del proyecto revela una realidad cruda: para que el Fondo sobreviva, los legisladores deben trabajar más años y aportar más dinero. Los cambios planteados son contundentes:
Aumento de la edad mínima: Se propone elevar el requisito de edad de los actuales 55 años a 65 años, alineándose con los estándares generales de jubilación y buscando extender la vida activa del aportante.
Mayor presión contributiva: El aporte mensual obligatorio para los parlamentarios en ejercicio saltaría del 22 % al 24 % sobre la dieta y los gastos de representación.
Recorte a los pasivos: Los ya jubilados y pensionados no quedarían exentos del ajuste, ya que su aporte mensual sobre haberes pasaría del 11 % al 14 %.
EL FANTASMA DEL DESEMBOLSO ESTATAL
El diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera) ha surgido como una de las voces técnicas en defensa de este ajuste. Meza advirtió que la Caja Parlamentaria sobrevive actualmente gracias a la rueda financiera de los créditos que otorga a sus propios miembros y funcionarios. Según su análisis, rechazar esta reforma o pretender la eliminación total de la Caja —como sugieren sectores de la oposición— sería una «medida populista con un costo impagable».
«Eliminar la Caja Parlamentaria implicaría que el Estado paraguayo, y por ende la ciudadanía, absorba una carga financiera cercana a los seis millones de dólares. Lo que nosotros creemos es que la eliminación sería mucho más dañina para los contribuyentes que esta reforma estructural», sentenció Meza.
UNA MAÑANA DE DEFINICIONES PREVISIONALES
El pedido se sustenta en el Artículo 184 de la Constitución Nacional, que otorga a la cuarta parte de una de las cámaras la facultad de convocar a sesiones extraordinarias en un plazo perentorio de 48 horas.
La jornada del jueves se perfila como un hito legislativo, ya que apenas noventa minutos después de tratar la Caja Parlamentaria, a las 10:00 horas, el pleno deberá abordar la Reforma de la Caja Fiscal. Esta última es considerada la «madre de todas las reformas», ya que impactará directamente en los años de servicio y tasas de sustitución de docentes, policías y militares.
Con el reloj en contra y el escrutinio público en su punto más alto, el Congreso paraguayo decidirá este jueves si el sistema de seguridad social del sector público inicia un camino de saneamiento o si continúa profundizando su crisis financiera.