En la sesión extraordinaria de este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados, por unanimidad, resolvió aceptar el Decreto Nº 523 del Poder Ejecutivo, por el cual rechaza totalmente, el proyecto de ley de desafectación de la finca 916, más conocida como Jardines de Remansito. El veto presidencial ahora pasa a la Cámara de Senadores para su consideración.
El decreto de rechazo firmado por el mandatario Santiago Peña explica que, “si bien el proyecto de ley propone la desafectación de una superficie de más de 131 hectáreas, el mismo omite, totalmente, evidenciar las razones o motivos de interés social o público que justificarían la propuesta, lo que resulta, absolutamente, imprescindible en un proyecto de este tipo”.
Dentro de su argumento, también indica que el proyecto se limita a declarar de interés social y desafectar del dominio privado la finca en cuestión, pero sin explicar o fundamentar cuál sería dicho interés social que justificaría la medida extrema de la desafectación. Y añade que, tampoco individualiza el problema social o el programa o política pública que se verían satisfechas con la desafectación.
Durante la sesión, el diputado colorado Pedro Ortiz Torres, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, explicó que la comisión que preside emitió dictamen de aceptación del veto y solicitó el acompañamiento de la plenaria. “Detectamos que no se ha cumplido, íntegramente, los requisitos establecidos en la ley para la desafectación de dicho inmueble”, expresó.
En el mismo sentido, la legisladora María Ida Cattebeke, perteneciente a la bancada de la ANR, expresó su total apoyo al veto total de la Presidencia de la República.
Por otro lado, varios parlamentarios coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de control más eficientes, principalmente, cuando se trata de regularizar invasiones de tierras pertenecientes al Estado paraguayo.
Tras las amplias intervenciones en el pleno, se tuvo en cuenta que, los bienes inmuebles del dominio del Estado, deben ser administrados y dedicados a la satisfacción de los intereses nacionales, y que la utilización racional de los recursos disponibles, es un mandato constitucional por lo que impone al Poder Ejecutivo el de velar por su cumplimiento.
Cabe mencionar que, la remisión del documento a la Cámara Alta es solo con el fin de cumplir con la formalidad, teniendo en cuenta que para levantar un veto del Poder Ejecutivo, ambas cámaras deben coincidir en el rechazo.
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