El anuncio fue realizado por el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente, quien explicó que la iniciativa fue aprobada luego de varias postergaciones y pese a que el órgano legislativo cuenta con mayoría oficialista. “Hubo votos a favor y votos en contra, pero finalmente hubo mayoría, y el proyecto pasa como un pedido formal al Poder Ejecutivo”, aclaró, subrayando que el Congreso no puede exigir la destitución, pero sí enviar una señal política clara.
Soroka remarcó que el pronunciamiento no es un hecho menor ni circunstancial. Aunque insistió en que la decisión final recae exclusivamente en el Ejecutivo, sostuvo que el titular de Petropar “hizo mérito” para que el Congreso resolviera instar su salida. “No soy yo quien debe cambiarlo, pero creo que sí corresponde dejar este mensaje al Ejecutivo”, afirmó.
En un tono crítico, el senador señaló que la administración de recursos públicos exige un estándar de cuidado y responsabilidad que, a su criterio, fue vulnerado. “Cuando uno está al frente de cosas públicas debe tener mucho cuidado. Y hay cuestiones que llevaron a esto. Él no puede negar eso”, expresó, dejando entrever que existen antecedentes y decisiones concretas que detonaron la pérdida de respaldo político.
Más allá del procedimiento formal, el mensaje político es contundente. Para Soroka, la votación constituye un llamado de atención directo y una señal inequívoca de que Eddy Jara ha llegado al límite de la paciencia, incluso entre sus propios compañeros de equipo. “Esto es una señal directa sobre la administración de Petropar. Evidentemente se llegó a un punto límite y ahora corresponde una evaluación”, sostuvo.
El pronunciamiento de la Comisión Permanente marca, además, un quiebre dentro del oficialismo. La pérdida de respaldo legislativo hacia un alto funcionario del Ejecutivo deja en evidencia que algunos actores del Gobierno ya no cuentan con la “espalda política” que tenían al inicio de la gestión.
En ese contexto, la pelota queda ahora en el campo del presidente Peña, quien deberá decidir si interpreta el mensaje del Congreso como una advertencia política o como un pedido que exige una respuesta inmediata.
La resolución no solo interpela a Eddy Jara, sino que también pone a prueba el discurso de transparencia y control dentro del Gobierno. La señal enviada desde el Legislativo es clara: el oficialismo ya no está dispuesto a blindar gestiones cuestionadas cuando el costo político se vuelve insostenible.