“Argentina se compromete a suspender las interdicciones y embargos por 60 días a las embarcaciones que navegan por la hidrovía. No obstante, el peaje continuará. Este fue el acuerdo al finalizar la reunión del Comité Intergubernamental”, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución que participó de la junta.
Este miércoles se llevó a cabo la reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) donde se analiza el peaje impuesto por Argentina, se llegó a un acuerdo de continuar con el análisis técnico, mientras que el vecino país se compromete en abstenerse de las retenciones y embargos por un plazo de 60 días corridos a embarcaciones que naveguen por la hidrovía Paraguay-Paraná, además de no presentar acciones ante la justicia para el cobro de montos en concepto de la tarifa del peaje.
Para la nueva reunión técnica solicitada por el Gobierno Argentino se recurrirá a expertos de cada país bajo la coordinación de Uruguay para buscar la solución a esta problemática.
Junto con Bolivia, Brasil y Uruguay, Paraguay mantuvo una postura unificada en rechazo al cobro del peaje, argumentando que imponer unilateralmente una tarifa en la Hidrovía contraviene el Derecho Internacional en vigencia.
Además, llegaron a la conclusión de que la información proporcionada por el país vecino no ha demostrado la efectiva prestación de servicios de navegación, siendo aún insuficiente para justificar la medida, según lo estipulado en el Artículo 9 del Acuerdo. En ese sentido, el análisis técnico apunta a reducir el precio del peaje en la hidrovía.
Estos países expresaron que, según el análisis de los documentos técnicos, la tarifa de peaje incluye elementos discriminatorios y parece destinada a gravar la propia actividad de navegación, sin el consentimiento de las demás naciones. Por lo tanto, reiteraron la solicitud de suspender la implementación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte y de tomar las medidas necesarias para cumplir con el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
Todo esto con el objetivo de asegurar la libertad de navegación y tránsito, y abstenerse de aplicar otras medidas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.