Durante ese año, la institución incorporó 600 camionetas patrulleras y 1.000 motocicletas, lo que permitió ampliar la cobertura territorial y optimizar el patrullaje preventivo, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas incorporaciones resultaron clave para llegar con mayor rapidez a comunidades alejadas y zonas de difícil acceso.
La renovación del parque automotor se vio reforzada por donaciones nacionales e internacionales, entre ellas aportes de ITAIPU y del Gobierno de Taiwán, que incluyeron vehículos, motocicletas y mantenimiento. A esto se sumó la adquisición de 2.800 radios de comunicación, 931 cámaras del sistema 911 y 9.500 chalecos balísticos, mejorando la seguridad del personal y la coordinación operativa.
Desde la institución señalan que contar con más patrulleras y motocicletas no solo implica mayor presencia policial, sino también menores tiempos de respuesta, mayor control preventivo y una acción más eficaz frente al delito.
Cabe recalcar que, conforme a la legislación específica de la institución, la Policía Nacional tiene las atribuciones y funciones de preservar el Orden Público legalmente establecido. Proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y de sus bienes. Prevenir la violencia y la comisión de hechos punibles, mediante la planificación basada en evidencia en coordinación con municipalidades, gobernaciones, organismos y entidades de la administración central y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, investigar bajo dirección del Ministerio Público, los hechos punibles cometidos en cualquier punto del territorio nacional, de conformidad al alcance establecido en el Código Procesal Penal. Ejercer las facultades conferidas en el Código Procesal Penal, con sujeción a los principios básicos de actuación establecidos en la Constitución y las leyes.
Igualmente, verificar la identidad de las personas, en función preventiva o investigativa de un hecho punible, solicitando la presentación de documentos de identificación personal siempre que existan motivos para ello, lo que deberá explicar al afectado. En caso de que la persona no lo posea en el momento, se le dará la oportunidad de acreditar su identidad por algún medio fehaciente.
En caso de que no pudiere acreditar o se negare a exhibir su documento de identificación personal, se podrá utilizar los medios tecnológicos disponibles. En caso de que persistiere la necesidad de verificar la identidad, la Policía Nacional podrá ejercer la facultad coercitiva autorizada por el Código Procesal Penal.