Los procedimientos se enfocaron estratégicamente en los pabellones ocupados por integrantes de una conocida facción criminal (Primer Comando Capital), con el fin de neutralizar cualquier intento de amotinamiento o descontrol en coincidencia con la fecha de aniversario de la creación de dicho grupo delictivo.
Según detalló el director general de Establecimientos Penitenciarios, Cnel. Rubén Peña, las intervenciones se desarrollaron de manera pacífica, de forma sistemática y sin que se registraran incidentes ni heridos.
Sin embargo, los cateos en las celdas permitieron desmantelar una importante cantidad de elementos prohibidos dentro del recinto penitenciario. Solo en el penal de Concepción, los agentes incautaron un total de 74 armas blancas de fabricación casera —tipo estoques, de entre 20 y 40 centímetros de longitud—, además de 13 teléfonos celulares y diversas dosis de presuntas sustancias estupefacientes.
Al referirse a la persistencia de estos objetos dentro de la población penal, el Cnel. Peña reconoció la vulnerabilidad estructural del sistema de controles y atribuyó el problema a la falta de herramientas tecnológicas esenciales.
Indicó que, si bien la mayoría de las armas son confeccionadas con partes de la propia infraestructura de los edificios, los dispositivos electrónicos y las drogas ingresan inevitablemente desde el exterior.
En ese sentido, la autoridad penitenciaria enfatizó que vienen solicitando desde hace más de dos años la adquisición e instalación de escáneres de alta precisión para el control de visitas y mercaderías, así como inhibidores de señal telefónica de alta potencia.
El objetivo principal de contar con inhibidores es cortar el tráfico de llamadas y anular de manera definitiva la comisión de delitos informáticos y extorsiones que se continúan operando desde la cárcel.
Peña admitió que las deficiencias no se limitan a los penales regionales, sino que afectan a casi la totalidad del sistema a nivel nacional, e incluso a centros penitenciarios de reciente habilitación.
Asimismo, no descartó la complicidad de ciertos funcionarios en el ingreso ilícito de estos objetos, señalando que, aunque existe personal honesto y dedicado, resulta evidente que las fallas en los filtros de seguridad responden también a inconductas de servidores públicos.
Finalmente, el director remarcó que las medidas de fuerza preventiva continuarán aplicándose de manera constante en todos los establecimientos del país para garantizar la seguridad ciudadana, mientras se insiste ante el Poder Ejecutivo para la provisión de los recursos requeridos que permitan consolidar el nuevo modelo de gestión penitenciaria, basado en el respeto a los derechos humanos y la efectiva reinserción social.