Filizzola no es un actor recién llegado ni un observador externo. Fue diputado, luego senador, después ministro del Interior de un gobierno opositor (Lugo-Franco) y hoy (por esas cosas que uno no logra entender) nuevamente es senador de la Nación. Es decir, ha integrado el Estado en posiciones de decisión durante buena parte de los últimos 20 años, por lo menos.
Y, sin embargo, en todo ese tiempo, jamás “abrió el pico” (como muchos de sus afines), y muchos menos se animó a impulsar una reforma estructural del sistema previsional de reparto (que rige hoy a todas las cajas existentes), un modelo que el país arrastra hace más de medio siglo, con señales inequívocas ya claras de agotamiento y un déficit (en el caso de la Caja Fiscal) que ya consume casi 400 millones de dólares anuales.
Resulta llamativo —cuando no cínico o hipócrita— que ahora acuse al Poder Ejecutivo de “patear la pelota” hacia adelante, cuando la oposición política paraguaya ha sido parte de ese mismo juego perverso durante décadas. Peor aún: en varios periodos esa misma oposición contó con mayorías parlamentarias suficientes como para proponer, debatir y aprobar (junto con el Ejecutivo de turno) transformaciones estructurales de fondo, que son muchas. No lo hizo, ni siquiera lo intentó. Ni por convicción, ni por coraje político.
El sistema jubilatorio paraguayo no colapsó en este gobierno. El déficit de la Caja Fiscal no nació ayer, ni es consecuencia de una sola administración. Es el resultado acumulado de la inacción, el populismo legislativo y el “eterno” miedo al “costo político”. Y en esa historia, la oposición tiene una responsabilidad directa que hoy pretende borrar con discursos altisonantes y advertencias apocalípticas.
En una democracia madura, los gobiernos no están llamados solo a administrar lo cómodo, sino a encarar las reformas difíciles pero necesarias, precisamente para que cada administración futura tenga un poco menos cuesta arriba la tarea de gobernar. Postergar “eternamente” los ajustes estructurales no es sensibilidad social: es irresponsabilidad política, que verdadero estadista no puede darse el lujo de tener.
Filizzola reconoce, con razón, que el sistema de reparto responde a una lógica demográfica que ya no existe. Pero ese diagnóstico no es nuevo. Lo nuevo es que ahora lo diga desde la comodidad del micrófono opositor, sin explicar por qué nunca promovió el debate cuando tuvo poder real para hacerlo. Criticar sin asumir la propia omisión no es oposición responsable: es oportunismo.
El actual proyecto del Ejecutivo puede ser discutible y hasta insuficiente. Pero al menos rompe el inmovilismo histórico y pone sobre la mesa una verdad incómoda: si no se hace nada, el sistema previsional terminará explotando, no “en la cara del próximo gobierno”, sino en la de los trabajadores activos y jubilados que hoy se dice defender.
Antes de rasgarse las vestiduras, la oposición —y en particular quienes han sido Estado durante décadas— deberían hacer un ejercicio elemental de honestidad política: reconocer que el problema existe desde hace mucho, que no se animaron a enfrentarlo cuando pudieron, y que gobernar también implica asumir sacrificios políticos para evitar catástrofes mayores, y eso el electorado lo debería saber también.
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