Lo verdaderamente grave no es solamente la ferocidad del atentado. Lo más preocupante es la sensación de que el Estado continúa respondiendo con el mismo libreto de siempre: condenas verbales, promesas de justicia, anuncios de operativos y declaraciones de que «no descansará hasta capturar a los responsables». La ciudadanía ya escuchó esas palabras demasiadas veces durante toda la era democrática.
El Gobierno no puede seguir alegando falta de herramientas legales para enfrentar con decisión al crimen organizado y a grupos armados como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La propia Constitución Nacional del año 1992, en sus artículos 172 al 175, otorga al Estado paraguayo las atribuciones necesarias para conducir la defensa de la República y garantizar la seguridad interior y exterior.
La legislación existe. La autoridad también. Lo que la sociedad comienza a cuestionar es la aparente falta de voluntad política para ejercerla efectivamente. Pero existe un aspecto aún más profundo. El ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado no solamente halla respaldo en la Constitución Nacional. También posee un sólido fundamento moral y espiritual.
La Biblia, en Romanos 13:1-7, recuerda que la autoridad ha sido establecida por Dios para proteger al ciudadano honesto y castigar al que practica el mal. Allí se afirma que la autoridad “no lleva la espada en vano”, porque ha recibido la responsabilidad de hacer justicia. En otras palabras, cuando las fuerzas públicas actúan dentro de la ley para neutralizar a quienes siembran terror, no ejercen una violencia arbitraria, sino que cumplen una misión legítima y moralmente justificada.
Por eso resultan insuficientes las simples declaraciones oficiales. Hace apenas unos días, tras la liberación del joven productor Almir de Brum, secuestrado también en Canindeyú, presuntamente por el EPP, el ministro de Defensa, Óscar González, aseguró a los medios que las fuerzas públicas “no descansarán” hasta acabar con este grupo marginal.
La afirmación transmite determinación, pero también inevitable escepticismo, ya que este grupo criminal lleva más de veinte años operando en territorio paraguayo y (según las mismas autoridades) ha golpeado de vuelta en esta oportunidad. Han pasado gobiernos de distintos signos políticos, se han creado fuerzas especiales, se han destinado miles de millones de recursos y, sin embargo, el grupo sigue apareciendo una y otra vez. Los discursos, por sí solos, no desmantelan organizaciones criminales.
Durante mucho tiempo se argumentó que las fuerzas ilegales poseían mayor poder de fuego que el propio Estado. Era una explicación preocupante, pero al menos identificaba una supuesta debilidad concreta. Sin embargo, esa realidad también comenzó a cambiar.
El Gobierno de Santiago Peña suscribió el año pasado un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos que permitió incorporar armamento y equipamiento de mayor tecnología para las fuerzas de seguridad de nuestro país, precisamente con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Si el equipamiento hoy existe, entonces las preguntas cambian de naturaleza:
¿Se está entrenando suficientemente a los efectivos para utilizar ese material con eficacia? ¿Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están recibiendo una preparación acorde al tipo de enemigo que enfrentan? ¿Existe una estrategia integral basada en inteligencia, operaciones coordinadas y presencia territorial permanente? ¿O el nuevo equipamiento terminará siendo apenas una fotografía para los actos oficiales?
Hay una pregunta todavía más incómoda.
¿Está realmente dispuesto este Gobierno (o el que venga después) a asumir el costo político y humano que implica librar una ofensiva definitiva contra organizaciones que llevan décadas fortaleciendo su estructura? Porque combatir seriamente al crimen organizado exige decisiones difíciles, recursos permanentes y, probablemente, sacrificios en las propias filas de las fuerzas legítimas del Estado. La historia demuestra que ninguna organización criminal desaparece simplemente porque una autoridad anuncie que la derrotará.
Mientras tanto, el costo de la inacción sigue creciendo.
Cada atentado deteriora la confianza ciudadana, debilita la credibilidad institucional y proyecta hacia el exterior la imagen de un país donde grupos armados pueden atacar instalaciones policiales sin que exista una respuesta suficientemente disuasiva.
En un contexto donde Paraguay busca atraer inversiones internacionales, expandir su producción y consolidarse como destino confiable para hacer negocios, la seguridad deja de ser únicamente un asunto policial: se convierte en un factor determinante para el desarrollo económico. Ningún inversionista apuesta con tranquilidad por un país donde el Estado parece perder capacidad para imponer el orden.
La autoridad no se mide por la contundencia de los comunicados oficiales, sino por los resultados. Y los resultados, lamentablemente, siguen estando muy lejos de las expectativas de una ciudadanía que lleva más de dos décadas escuchando las mismas promesas.
La responsabilidad política es del presidente de la República, que no es un espectador de esta crisis, ya que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el principal responsable de garantizar que las instituciones encargadas de proteger a los paraguayos cumplan eficazmente su misión.
Cuando el Estado dispone del respaldo constitucional, del fundamento legal, del equipamiento necesario y de los recursos institucionales para enfrentar al crimen, pero los grupos armados continúan actuando con semejante nivel de audacia, la explicación ya no puede buscarse en la falta de medios. Empieza a encontrarse en la falta de decisión.
La historia enseña que los Estados no pierden territorio únicamente cuando son derrotados en el campo de batalla. También comienzan a perderlo cuando quienes tienen la responsabilidad de ejercer la autoridad vacilan en hacerlo. La pusilanimidad nunca ha derrotado al crimen organizado. Por el contrario, siempre ha sido su mejor aliada.
Y un gobierno que duda en ejercer plenamente la autoridad que la Constitución y las leyes le confieren corre el riesgo de transmitir el mensaje más peligroso de todos: que quienes siembran el terror tienen más determinación que quienes juraron defender la República.