Coronel afirmó que la organización que agrupa a los afectados continúa en una lucha desigual contra lo que calificó como una estructura de crimen organizado atrincherada en el Estado. Según los registros que manejan, al menos 17.000 personas se encuentran directamente afectadas, aunque datos oficiales citados por el exsenador Carlos Filizzola elevarían la cifra a más de 30.000 víctimas a nivel nacional. “Muy pocos lograron solucionar su situación, y aun así, solo de manera parcial”, sostuvo.
El representante de las víctimas cuestionó duramente al Congreso Nacional, señalando que no existe voluntad política para enfrentar el problema, al que definió como una verdadera cuestión de Estado. Recordó que recientemente no se pudo realizar una reunión de la Comisión Permanente por falta de quórum, situación que calificó de intencional. “El Parlamento existe, pero no funciona. Los parlamentarios deben asumir su compromiso con la democracia y con los derechos ciudadanos”, expresó.
Coronel también denunció la ineficacia de las leyes aprobadas hasta ahora, asegurando que la mafia de los pagarés se adapta y opera con poder e impunidad, sin que las normas vigentes logren frenar los abusos ni garantizar el derecho a la defensa de las víctimas.
MILES DE EXPEDIENTES RETENIDOS Y EMBARGOS EN MASA
Uno de los puntos más graves señalados es que 10.000 expedientes vinculados a la empresa Carsa se encuentran actualmente bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia, sin ser remitidos al Ministerio Público ni puestos a disposición de la Comisión Investigadora. “Esos expedientes están protegidos. No se mueven y no dan ninguna esperanza a las personas estafadas”, denunció.
Asimismo, describió prácticas sistemáticas como cobros múltiples de pagarés ya cancelados, modificaciones irregulares de documentos y embargos masivos, señalando que un solo juzgado llegó a decretar más de 1.300 embargos en apenas tres días. “Esto no son juicios normales, son verdaderas fábricas de embargos”, afirmó.
VÍCTIMAS SIN RECURSOS Y SIN ACCESO A LA JUSTICIA
Coronel remarcó que el 89 % de las víctimas no podrá resolver su situación bajo el esquema actual, debido a la necesidad de viajar a Asunción, afrontar gastos que no pueden cubrir y realizar trámites individuales altamente complejos. “Hay personas del interior profundo que no cobran, no tienen para pasaje ni comida. Así es imposible defenderse”, explicó.
Por ello, reiteró el reclamo de trasladar los expedientes a los juzgados del distrito de residencia de las víctimas, medida que, según indicó, requiere de una ley que los legisladores no se animan a impulsar.
El vocero planteó la necesidad de una cumbre de poderes del Estado para abordar el problema de manera integral, advirtiendo que las consecuencias sociales ya son devastadoras: personas que abandonaron estudios, familias con hambre, problemas de salud sin tratamiento y una creciente sensación de indefensión. “Esto es como una posguerra. La realidad que viven los compañeros no es la que pintan las autoridades”, afirmó.
MOVILIZACIONES EL 12 Y 13 DE FEBRERO
Finalmente, Coronel anunció que las víctimas se movilizarán los días 12 y 13 de febrero en Asunción, frente a la Fiscalía de Prevención del Crimen Organizado y el Congreso Nacional, donde exigirán que los responsables ya imputados sean procesados bajo la carátula de crimen organizado. “Esto es una mafia. Y como tal, debe ser tratada”, concluyó.