Pedro Coronel anunció que la movilización comenzará a las 07:00 horas frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, y que el encadenamiento simbólico iniciará puntualmente a las 08:00 horas y se extenderá por una hora.
Posteriormente, los manifestantes marcharán con las cadenas puestas hasta el Juzgado de la Encarnación, donde presentarán una solicitud colectiva para el levantamiento de embargos. Hasta el momento, se confirmó que 120 personas se encadenarán de forma simultánea, acompañadas por un contingente de ciudadanos y diversos gremios solidarios.
Al ser consultado sobre los motivos que llevaron a esta medida extrema, Coronel fue categórico al señalar que las vías legales normales han sido agotadas y manipuladas: «No existe un proceso normal. Las vías ordinarias fueron totalmente obviadas por el sistema judicial. Lo que enfrentamos es una auténtica ‘fábrica de embargos’ y despojos que no solo afecta a funcionarios judiciales, sino también a pequeños productores, emprendedores y pequeños empresarios. Es un sistema de recaudación criminal», afirmó el vocero.
Según la organización, las respuestas planteadas por la Corte Suprema de Justicia son insuficientes, dado que los juzgados de primera instancia muestran una férrea resistencia a resolver a favor de los afectados.
ESTRUCTURA CRIMINAL Y MODUS OPERANDI
Coronel explicó que la red opera mediante el uso de pagarés con firmas falsas o documentos clonados que son ejecutados judicialmente hasta cuatro o cinco veces contra una misma víctima, seleccionando estratégicamente a los sectores más vulnerables.
A pesar de las denuncias públicas previas, el vocero advirtió que la estructura sigue operativa y que los mandos altos de esta red permanecen invisibles. «Lo que se está visibilizando hasta ahora es la parte operativa, el mando medio para abajo. Hay un poder superior, invisible aún, que maneja todo esto», subrayó, agregando que apenas el 0,8% de los afectados ha logrado suspender provisionalmente sus descuentos, mientras el resto de la población damnificada sigue desprotegida por la complicidad judicial.
Con esta acción, el colectivo busca «corporizar el dolor» e internacionalizar la causa para forzar un saneamiento profundo del sistema judicial, argumentando que la intervención ciudadana es la única vía restante para recuperar la institucionalidad.