La presión política y el avance del juicio político terminaron precipitando la salida de Emiliano Rolón Fernández del Ministerio Público. El fiscal general del Estado presentó este mediodía a la Presidencia de la República su renuncia cuando el escenario parlamentario se había vuelto prácticamente irreversible y las distintas bancadas de la Cámara de Diputados anunciaban su respaldo a la acusación para destituirlo.
El pedido de juicio político dejó de ser una amenaza impulsada exclusivamente por sectores de la oposición. La adhesión de los colorados disidentes y, posteriormente, de Honor Colorado configuró un consenso político que anticipaba una aprobación prácticamente unánime del libelo acusatorio.

La acusación fue presentada formalmente por 34 diputados y se fundamentó en el artículo 225 de la Constitución Nacional, por presunto mal desempeño de funciones y eventual comisión de delitos en el ejercicio del cargo.
Cuatro fueron los principales ejes que pusieron contra las cuerdas al titular del Ministerio Público:
- Deficiente investigación del caso Ueno Bank
La primera causal apunta a la conducción de la investigación sobre el colapso de Ueno Bank, que derivó en una crisis financiera de enormes proporciones y en el procesamiento de 27 personas.
Los legisladores cuestionaron la falta de diligencias oportunas para asegurar evidencias fundamentales. Entre los hechos señalados figura que el propio Rolón reconoció que los investigadores «perdieron de vista» la incautación del teléfono celular del entonces presidente Santiago Peña.
También cuestionaron que no se realizaran allanamientos en la residencia presidencial, bajo el argumento de que los agentes fiscales estaban sobrepasados, lo que, según los acusadores, habría facilitado la desaparición u ocultamiento de documentos y otras evidencias.
- Denuncia contra Santiago Peña retenida durante siete meses
La segunda causal se relaciona con una denuncia presentada en octubre de 2025 contra el entonces presidente Santiago Peña por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Los denunciantes señalaron un supuesto crecimiento patrimonial del 1.603% y presuntos vínculos societarios con el Grupo Ueno.
El libelo cuestiona que Rolón remitiera los antecedentes a la Contraloría General de la República sin asignar previamente un fiscal para investigar el caso. La causa habría permanecido siete meses sin un agente fiscal responsable, hasta que finalmente fue asignada al fiscal Jorge Arce, el 26 de mayo de 2026.
Para los diputados, esta actuación representó una evasión de las responsabilidades constitucionales del Ministerio Público y un trato favorable al entonces mandatario.
- Inacción ante los denominados «sobres del poder»
La tercera acusación apunta a la falta de investigación oportuna de las denuncias realizadas por Luz Maribel Candado, exempleada de la residencia presidencial.
La mujer había relatado el supuesto hallazgo de sobres con importantes sumas de dólares en Mburuvicha Róga, además de reuniones reservadas entre Peña y empresarios vinculados a contratos estatales. También denunció que ella y su familia fueron sometidas a pruebas de polígrafo por personal militar.
Los legisladores cuestionaron que, pese a la gravedad de las revelaciones públicas, la Fiscalía no haya abierto inmediatamente una investigación de oficio. Incluso, una denuncia formal presentada en septiembre de 2025 tampoco habría generado una respuesta efectiva.
El libelo sostiene que recién después del estallido de la crisis de Ueno Bank, y cuando Peña ya enfrentaba su propio juicio político, el Ministerio Público comenzó a utilizar esos antecedentes para impulsar una investigación penal en su contra.
- Abandono y deterioro del Laboratorio Forense
La cuarta causal se refiere a la situación del Laboratorio Forense del Ministerio Público y a la falta de respuestas de la máxima autoridad ante las denuncias de sus propios funcionarios.
En mayo de 2025, los trabajadores alertaron sobre una situación crítica, caracterizada por renuncias y traslados masivos, sobrecarga laboral, falta de insumos básicos, equipos insuficientes, licencias de software desactualizadas y carencia de vehículos para realizar diligencias.
Los peritos advirtieron que estas condiciones comprometían la capacidad de realizar estudios contables, documentológicos e informáticos, fundamentales para numerosas investigaciones penales.
Según los acusadores, Rolón no habría dado respuestas satisfactorias a los reiterados reclamos, poniendo en riesgo el funcionamiento de una dependencia estratégica para el esclarecimiento de hechos delictivos y la preservación de evidencias.
LA PRESIÓN POLÍTICA PRECIPITÓ LA SALIDA
Con estos cuatro cuestionamientos como fundamento de la acusación, el escenario para Rolón se volvió cada vez más complicado. La decisión de los distintos sectores colorados de acompañar el juicio político terminó de reducir sus posibilidades de permanecer en el cargo.
La renuncia llegó después de que el fiscal general defendiera públicamente su gestión y manifestara que no estaba apegado al cargo. Sin embargo, cuando el juicio político dejó de ser una posibilidad remota y pasó a convertirse en una amenaza concreta de destitución, terminó presentando su dimisión.
La salida no elimina la necesidad de esclarecer las denuncias ni determina por sí misma la existencia de responsabilidades penales. Los cuestionamientos deberán ser examinados por las instancias correspondientes, con las garantías del debido proceso.
La crisis deja, además, un interrogante fundamental sobre la independencia y credibilidad del Ministerio Público: ¿por qué investigaciones y denuncias de enorme gravedad institucional no recibieron, según los acusadores, la misma diligencia y atención desde el momento en que fueron presentadas?
Paraguay necesita una Fiscalía que investigue al poder con la misma firmeza con que persigue a cualquier ciudadano. La salida de su máxima autoridad constituye un nuevo capítulo de la crisis, pero el desafío de recuperar la confianza en la justicia continúa.