A través de un comunicado emitido este sábado 7 de noviembre, el gremio industrial sostuvo que los recientes acontecimientos pusieron a prueba la institucionalidad de la República y dejaron en evidencia la necesidad de que el poder público esté al servicio de la ciudadanía.
La UIP manifestó que quienes hayan traicionado esa responsabilidad deben responder ante la Justicia y que las sospechas de mal desempeño y conductas contrarias a los intereses nacionales deben investigarse con independencia, celeridad y respeto al debido proceso.
El gremio también reconoció la actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero advirtió que la firmeza institucional debe mantenerse hasta el esclarecimiento completo de los hechos. En ese sentido, remarcó que ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal puede convertirse en refugio para la impunidad.
RESPALDO A LA NUEVA CONDUCCIÓN DEL PAÍS
En otro punto, la UIP felicitó al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, y al vicepresidente, destacando que tienen una enorme responsabilidad: recuperar la confianza ciudadana, garantizar la estabilidad y demostrar con hechos un compromiso con la honestidad y los intereses nacionales.
El sector industrial consideró que el país debe continuar funcionando con tranquilidad y pleno respeto a las leyes, sin que la ciudadanía siga soportando las consecuencias de los abusos, las omisiones y la deshonestidad de quienes tuvieron responsabilidades públicas.
RECLAMAN PROTECCIÓN PARA LOS AHORRISTAS DE UENO
Uno de los aspectos más importantes del pronunciamiento tiene que ver con los afectados por la crisis de Ueno Bank.
La UIP reclamó información transparente, respuestas urgentes y medidas concretas para proteger los derechos de los ahorristas y facilitar la recuperación de sus recursos conforme a la ley.
El gremio consideró inadmisible que quienes confiaron sus ahorros al sistema financiero permanezcan en la incertidumbre mientras se determinan las responsabilidades.
Finalmente, planteó que la crisis debe servir para revisar profundamente los mecanismos de control del Estado, establecer responsabilidades claras y fortalecer los procedimientos de detección temprana de irregularidades.
«La confianza se reconstruye con verdad, justicia y resultados», sostiene el comunicado, que concluye con un mensaje contundente: ningún cargo está por encima de la ley y ningún interés particular puede prevalecer sobre el destino de la República.